El país europeo donde una multa de tráfico puede costar 120.000 euros: así funciona su peculiar sistema

Recibir una multa de tráfico nunca resulta agradable, pero su importe puede ser muy diferente dependiendo del país en el que se cometa la infracción. En algunos lugares, superar el límite de velocidad puede acabar en una factura difícil de imaginar.

Su legislación utiliza un sistema que tiene en cuenta tanto la gravedad de la infracción como la capacidad económica del automovilista. Una fórmula que ha dado lugar a sanciones extraordinarias y que también ha llegado al debate en España. 

Finlandia: las multas de tráfico dependen del sueldo 

En Finlandia, los excesos de velocidad menos graves se castigan con cantidades fijas, pero cuando el conductor supera el límite permitido en más de 20 km/h, las autoridades pueden calcular la sanción en función de sus ingresos. 

Por ejemplo, en las carreteras con límites superiores a 60 km/h, exceder la velocidad permitida entre 11 y 15 km/h supone una multa de 140 euros. Si el exceso se sitúa entre 16 y 20 km/h, la cantidad asciende a 200 euros. 

En las vías con límites de entre 20 y 60 km/h, las cuantías son diferentes. Superar la velocidad permitida en hasta 10 km/h se sanciona con 100 euros, mientras que los excesos de entre 11 y 15 km/h cuestan 170 euros. Entre 16 y 20 km/h, la multa alcanza los 200 euros. 

A partir de ese umbral, el importe deja de ser igual para todos. Finlandia utiliza los denominados días-multa, un procedimiento que combina la gravedad de la infracción con los ingresos del conductor.  

¿Qué son los días-multa y cómo se calculan? 

Aunque su nombre pueda resultar confuso, los ‘días-multa’ no significan que el conductor tenga que pagar una cantidad cada día. Se trata de una unidad de cálculo que permite determinar el importe de una única sanción. 

El procedimiento consta de dos pasos. Primero, las autoridades establecen cuántos días-multa corresponden a la infracción cometida. Después calculan el valor económico de cada uno según el sueldo del infractor. 

Para determinarlo, se toman sus ingresos netos mensuales, se descuentan 255 euros y el resultado se divide entre 60. La legislación también contempla posibles reducciones por familiares a cargo y establece un mínimo de seis euros por día-multa.  

Por ejemplo, un conductor que gane 3.000 euros netos al mes tendría un valor aproximado de 45,75 euros por día-multa. Si las autoridades le impusieran 20 días de multa, tendría que pagar 915 euros, siempre que no se aplicaran otros ajustes. 

En cambio, otra persona con ingresos mucho más elevados pagaría una cantidad superior por esos mismos 20 días. La finalidad es que la sanción mantenga su efecto disuasorio independientemente de la capacidad económica del conductor. 

Una multa de 120.000 euros por circular a 59 km/h 

Uno de los ejemplos más llamativos de este sistema es el del empresario Anders Wiklöf, que en marzo de 2026 fue sorprendido circulando a 59 km/h por una calle limitada a 30 km/h en Mariehamn, capital del archipiélago finlandés de Åland. 

Por superar el límite en 29 km/h recibió una multa de 120.000 euros. La elevada cantidad estuvo relacionada con sus ingresos, ya que es propietario de un grupo empresarial que reúne más de veinte compañías.  

No era la primera vez que se enfrentaba a una sanción semejante. En 2023 ya había recibido otra multa de 121.000 euros por circular a 82 km/h en una vía limitada a 50 km/h. El empresario decidió aceptar la nueva sanción sin recurrirla.  

¿Podrían llegar a España las multas según los ingresos? 

En España, las sanciones administrativas por exceso de velocidad se calculan según el límite de la vía y la velocidad registrada. Las cuantías oscilan entre 100 y 600 euros, independientemente del sueldo o patrimonio del conductor. 

Sin embargo, en marzo de 2025, el grupo parlamentario de Sumar presentó una proposición de ley para introducir la capacidad económica del infractor en el cálculo de determinadas multas de tráfico. 

La iniciativa planteaba aumentar las sanciones graves y muy graves un 150% para conductores con ingresos brutos anuales de entre 70.000 y 85.000 euros, un 300% para quienes percibieran entre 85.000 y 100.000 euros y un 500% para las rentas superiores a 100.000 euros. 

También proponía una reducción del 30% para quienes acreditaran ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional y una rebaja del 15% para quienes percibieran entre 1,5 y 2,5 veces el SMI. 

La propuesta abrió un debate sobre la proporcionalidad de las multas. Sus promotores argumentaban que una misma sanción económica no tiene idéntico efecto para todos los conductores. Entre las objeciones planteadas figuraba el posible aumento de los trámites necesarios para comprobar los ingresos de cada infractor.