La Comisión de la Unión Europea acaba de proponer un proyecto de ley para que todos los edificios nuevos o los que se sometan a rehabilitaciones integrales, tengan que ser obligatoriamente equipados con el cableado necesario para la instalación de cargadores domésticos.
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Coches eléctricos: las cuatro alternativas de recarga Y es que es en este tipo de instalaciones privadas donde se llevan a cabo casi la totalidad (90 %) de las recargas de coches eléctricos. Una necesidad imprescindible para la generalización del coche a pila y que el paulatino despliegue de la red de cargadores públicos no va a solventar.
Aunque la medida que quiere implantar la comisión europea tampoco solucionará el problema de la carga doméstica, como ha puntualizado Transport & Environment (T&E), la federación europea de organizaciones medioambientales para el transporte.
Un año de espera
Y la razón es que, según este organismo, los edificios residenciales de nueva construcción o remozados son minoritarios (solo el 1% en caso de los rehabilitados) y no se puede ignorar a la gran mayoría de automovilistas que viven y trabajan en edificios ya existentes y que no disponen de la infraestructura necesaria para instalar cargadores en sus domicilios.
Además, apuntan desde T&E, la nueva directiva propuesta para los países de la UE debería considerar en su normativa también a los edificios no residenciales, como las oficinas o los locales comerciales, para facilitar la recarga con la exigencia de un mínimo de puntos instalados.
Y para conseguir instalar cargadores donde más falta hacen, las administraciones deberán eliminar las barreras existentes en la actualidad porque, por lo general, los particulares y las empresas tienen que esperar hasta un año para montar un equipo de carga eléctrica.
El ‘derecho a enchufar’ de los ciudadanos requiere agilizar estos trámites y, según la asociación T&E, debería existir una legislación que estableciera un tiempo de demora máximo entre que se solicita el permiso y su instalación para disponer de un cargador donde quiera que viva el ciudadano.
Ahora toca a los eurodiputados y los propios gobiernos de los países europeos debatir esta propuesta para decidir la directiva definitiva que se convertirá en ley para todo el territorio de la UE.