La extravagante solución de algunos coches VTC para cumplir la ley

Los coches de la flota de Bolt han tenido que incorporar extensiones homologadas para cumplir con la normativa catalana.

VTC
Uno de los vehículos de Bolt con el accesorio que 'alarga' su longitud.

Algunas empresas de vehículos de alquiler con conductor (conocidos como VTC) en Cataluña han recurrido a los resquicios legales y al sarcasmo para cumplir la nueva normativa que regula el uso de estos vehículos en Cataluña. “No es un parachoques, es la nueva normativa que exige VTC de 4.90 m”, muestran los coches de Bolt en Barcelona.

La Generalitat aprobó en julio un real decreto que obliga, entre otras condiciones, a que los vehículos tengan un mínimo de 4,90 metros para prestar servicios urbanos en la Ciudad Condal. Solo algunos turismos alta gama y las furgonetas de pasajeros cumplen el requisito, lo que pone en riesgo el empleo de 4.000 familias, según fuentes del sector.

Como respuesta, Bolt ha recurrido a incorporar extensiones homologadas a sus coches para así alcanzar el tamaño exigido por la nueva normativa.

A vueltas con la regulación

El Gobierno central estableció en su día un periodo transitorio de cuatro años para que las comunidades regularan la actividad de los VTC en trayectos urbanos antes del 1 de octubre de 2022. Y en caso de inhibirse, estos vehículos solo podrían realizar trayectos interurbanos, condenándolas en la práctica a la desaparición.

A pocos días de que expire el plazo, la supervivencia de más de la mitad de los vehículos de transporte concertado (VTC), pertenecientes a empresas como Uber, Cabify, Bolt o Auro, sigue en el aire.

Tan solo Madrid y Catalunya disponen de una normativa explícita que ya ha sido presentada en plazo. En el resto de comunidades autónomas, a día de hoy, el galimatías legal está sin resolver. Por ejemplo, Aragón, Cataluña, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia remitieron un borrador para la regulación de los servicios VTC, exigiendo un tiempo de precontratación de entre 15 y 60 minutos, pero el texto continúa en discusión.

¿Qué significa un vehículo VTC?

La mayor diferencia entre los vehículo de transporte compartido (VTC) y los taxis es que en los primeros los pasajeros deben hacer la reserva a través de una aplicación, no pudiendo contratar los servicios directamente en la calle, como sucede con los taxistas. Un VTC no puede recoger pasajeros directamente sin una reserva previa.

También son distintos de los servicios de coches compartidos, ya que en estos es el usuario el que los conduce. Además, los VTC deben llevar matrícula azul y una clara identificación en forma de adhesivo que sea visible desde el exterior del automóvil, concedida el Gobierno autonómico.

¿Qué es un vehículo VTC en España?

En esencia, un vehículo de transporte compartido (VTC) es un servicio de traslado de pasajeros que, a diferencia de los taxis, es preciso contratar con antelación.

En los últimos años, y gracias a la venta de nuevas licencias, firmas como Cabify, Uber o Bolt han redefinido el modelo de negocio para prestar un servicio muy similar al de un taxi. Aquí se encuentra la raíz del conflicto y la necesidad de una regulación específica.

¿Cómo funciona un VTC?

Las empresas operadoras, en cambio, insisten en que son meras plataformas que ponen en contacto a conductores profesionales poseedores de una autorización con usuarios que necesiten realizar un trayecto, todo a través de una aplicación móvil.

El precio del servicio se conoce con antelación a la contratación. Y la tarifa se carga directamente a la tarjeta asociada al perfil del usuario. En los taxis, las tarifas no se suelen conocer con antelación (aunque ahora algunos empiezan a operar de esa forma) y se paga al concluir el trayecto.

¿Cómo se consigue la licencia VTC?

A diferencia de lo que ocurre con el servicio de taxi, los VTC no requieren de licencia como tal para operar. Son las comunidades autónomas las que regulan esta actividad y las que expiden el número permitido de autorizaciones. Para su obtención hay que rellenar unos impresos y abonar el importe. En un principio, contaban con un precio de entre 50 euros y 1.500 euros.

Dos son los requisitos fundamentales para poder obtener las autorizaciones, aunque hay ciertas variaciones entre territorios:

  • Tener nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea. En caso de no tenerla, se necesitará un permiso de trabajo y una autorización para ejercer como transportista profesional.
  • No contar con antecedentes penales.

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Sobre la firma

Rubén Pérez

Entusiasta del motor en toda su magnitud, preferiblemente los V12. Me dijeron que cuatro ruedas eran mejor que dos, por eso me compré otra moto. Claro que también me apasiona cuando van las cuatro juntas. He trabajado como creativo publicitario para muchas marcas de coches y motos e hice la mili en esto de juntar letras en la editorial Luike.

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