Las tres grandes empresas que gestionarán a partir de ahora las multas de la DGT

Tráfico ha adjudicado los servicios de soporte y asistencia técnica del centro de tramitación de denuncias automatizadas por 100 millones de euros.

DGT
En diversas ocasiones, las multas de los radares se pueden recurrir.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha adjudicado por 100 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Indra, Kapsch y Wordline los servicios de soporte y asistencia técnica para la gestión del Centro de Tramitación de Denuncias Automatizadas, según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press.

Tras la firma del contrato público, la UTE adjudicataria se encargará de la gestión de las denuncias automatizadas basadas en medios de videovigilancia, ya sean propios de la DGT o de “otras administraciones”, según el pliego de condiciones técnicas.

La mayoría de las multas de tráfico proviene en España de los excesos de velocidad detectados por los radares fijo. Las consecuentes denuncias se tramitan de forma automática. Así, de los más de cinco millones y medio de multas impuestas por la DGT en 2022, último año con datos consolidados, algo más de dos millones y medio provenían de estos dispositivos.

Tanto Tráfico como los organismos municipales cuentan, además, con otros sistemas automáticos de detección de infracciones. Entre ellos están los semáforos denominados fotorrojo, las cámaras que vigilan las zonas de bajas emisiones o aquellas que registran el uso del móvil al volante o la ausencia del cinturón de seguridad.

Tras la nueva concesión, la UTE se encargará del tratamiento de las imágenes captadas y de los documentos y ficheros de datos necesarios para la “adecuada gestión del procedimiento sancionador”, además de la digitalización, grabación e impresión de los documentos.

Tratamiento de datos y atención al ciudadano

Las tres empresas realizarán también tareas de apoyo a la tramitación del procedimiento sancionador y de auditoría de ingeniería para el diseño, planificación, seguimiento, control y evaluación de las intervenciones y de los medios técnicos de videovigilancia.

Entre las obligaciones contractuales del adjudicatario se incluye asimismo la atención al ciudadano, a las personas jurídicas y a los organismos de la administración por vía telefónica, telemática y postal, así como el tratamiento de los documentos asociados a la atención al ciudadano.

camara

También se encargará del desarrollo y mantenimiento correctivo, evolutivo, perfectivo y de los sistemas de información y medición que se requieran para prestar los servicios mencionados, a lo que se suman “otras tareas de apoyo” a las jefaturas provinciales de tráfico y a los servicios centrales vinculadas con trámites de vehículos, conductores, sanciones o accidentalidad.

El plazo de ejecución del contrato adjudicado a la UTE integrada por Indra, Kapsch y Worldline es de 46 meses, según figura en la documentación publicada.

Kapsch es una empresa austríaca que ofrece soluciones de peaje y movilidad, mientras que la francesa Worldline está especializada en servicios de pago.

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