¿La ley de movilidad sostenible obliga a establecer peajes de acceso a las ciudades?

La reactivación de la norma recupera el debate del estado de conservación de las carreteras y abre la puerta a cobrar en los centros urbanos.

Imagen de archivo de la calle Alcalá de Madrid. | Getty Images

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley de movilidad sostenible que tendría que haber entrado en vigor el año pasado y que quedó en suspenso por el adelanto electoral, y el texto se mantiene como estaba. En la norma ya no aparece la posibilidad de poner en marcha sistemas de pago en las autovías.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana abre la puerta a establecer peajes para entrar en el centro de las ciudades. Uno de los ejes de la norma, según el ministro de Transportes, Óscar Puente, es pasar de la ciudad de los coches a la ciudad de las personas. 

En su texto inicial, a expensas de lo que ocurra en la tramitación parlamentaria, la norma elude el asunto del pago por uso en las carreteras porque, a cambio, España se comprometió con Bruselas a aumentar las inversiones en el transporte de mercancías por ferrocarril. 

Como objetivo principal, el Ejecutivo se propone alcanzar el 10% de cuota de transporte de mercancías por ferrocarril, frente al 4% actual. Y este punto preocupa al sector encargado del mantenimiento de las carreteras. No ve claro que se llegue a corto plazo a esas cotas y, por el camino, la red seguirá deteriorándose.

Autovías de pago y conservación de las carreteras

“Sea por la vía presupuestaria o extrapresupuestaria, debe haber unos recursos que garanticen la conservación. Hay que asegurar la movilidad y la competitividad del país. El 96% de las mercancías se transporta por carretera; si no tenemos unas carreteras en correcto estado, estamos poniendo en riesgo la competitividad. Y un 89% de los ciudadanos circula por carreteras. La movilidad es un derecho y tiene que ser segura”, sostiene el presidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), Pablo Sáez. 

Como alternativa al pago directo por uso, esta asociación considera que hay soluciones fáciles, aunque su implantación a corto plazo está descartada. “Lo más sencillo de aplicar sería la viñeta. Por inmediatez, podría hacerse mañana. Igual que se pide el pago del impuesto de circulación, podrían exigirse, por ejemplo, 80 euros por la viñeta”, expone Sáez. Este sistema se utiliza en países europeos como Portugal o Alemania, donde es requisito indispensable para circular legalmente. 

peaje
Todavía es una incógnita si los peajes llegarán a las carreteras españolas en 2024.

Si como parece se sigue apostando por la vía presupuestaria, ACEX propone establecer por ley una partida anual que equivalga al 1,5% del valor patrimonial de las carreteras. En estos momentos, la asociación calcula que la red de carreteras del Estado (con 26.459 kilómetros, según los datos de Transportes) tiene un valor de unos 108.000 millones de euros. Así, una inversión anual de 1.620 millones de euros garantizaría la conservación de esas vías. En 2022 fue de unos 1.200 millones. 

Peajes en el centro de las ciudades

No obstante esa cantidad serviría solo para la red principal: en total, en España hay algo más de 165.375 kilómetros de carreteras que dependen, además del Estado, de las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos y otros organismos.

Para las vías de las comunidades, peor conservadas, ACEX calcula unas necesidades anuales de inversión del 2% de su valor patrimonial. La Asociación Española de la Carretera calcula que la red viaria española acumula un déficit de mantenimiento de unos 10.000 millones de euros.

La norma descarta de momento la implantación de las autovías de pago, pero sí abre la puerta a la posibilidad de crear peajes en el acceso al centro de las grandes ciudades o a las zonas de bajas emisiones (ZBE), como ya ocurre en Londres, por ejemplo. Puente ha recordado que se trata de un sistema opcional al que la ley no obliga; la norma solo da cobertura legal a los ayuntamientos que quieran desarrollarlo.

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