A partir del 1 de enero, sobre el papel, millones de turismos tendrán vedado el acceso al centro de 149 ciudades en España. Ese día entra en vigor el real decreto que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE), que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes. Muy pocos ayuntamientos cumplirán, sin embargo, con la obligación de establecer las áreas restringidas al tráfico.
La ley de cambio climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con ZBE que dejen fuera a los coches más contaminantes. Así, aquellos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), unos 9,9 millones en toda España, no podrán circular por el centro de muchas ciudades.
Los municipios concernidos por la medida “deberán adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible” que contribuyan a “mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático”, recuerda el Ministerio para la Transición Ecológica en un nota tras la aprobación del decreto, y para ello los ayuntamientos podrán establecer medidas temporales o definitivas.
Zonas de bajas emisiones en 149 ciudades
Esto implica la creación de áreas con restricciones de acceso, circulación y estacionamiento en al menos 149 ciudades, más aquellas de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados.
A pesar de que la ley de cambio climático, aprobada en abril de 2021, exige la implantación de las ZBE “antes de 2023”, el incumplimiento de la normativa será masivo. Según datos recopilados por El País en octubre, solo 20 de estos consistorios están preparados para poner en marcha la medida.
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Como argumento para justificar el retraso generalizado, muchos de ellos señalaban la falta de una regulación concreta en la que basarse, recogida ahora en el real decreto recién aprobado.
Pero el departamento dirigido por Teresa Ribero ha rechazado conceder una prórroga a los consistorios, porque estos ya conocían las directrices para la creación de las ZBE. En noviembre de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó un documento junto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el que se ofrecían las indicaciones necesarias para el establecimiento de las ZBE.
Las etiquetas de la DGT
La propia FEMP había elaborado una guía técnica junto con la DGT y el Área Metropolitana de Barcelona con criterios para desarrollar las áreas restringidas. El punto de partida son los distintivos ambientales de Tráfico y las pautas generales del real decreto, cuyo borrador se conoce desde abril de este año.
Según la norma, el tamaño de la ZBE y la población expuesta “deben ser significativos y suficientes” para mejorar “la calidad del aire” e impulsar “modos de transporte más sostenibles”. La ley proscribe a los coches que emiten más CO2 e indica que “se priorizará el acceso de los vehículos 0 emisiones”.
Con datos de la patronal de fabricantes Anfac, a cierre de 2021, en España hay casi 30 millones de vehículos etiquetados, turismos y motos. Un tercio de ellos (33,2%) no disponen de distintivo: son los primeros que se quedan fuera de las zonas de bajas emisiones. El resto tienen etiquetas B o C (31,5% y 32,1%, respectivamente), ECO (2,7%) y Cero (0,5%).
Cada ayuntamiento tiene que establecer sus criterios, tanto la superficie afectada como los requisitos de entrada. Como señala la guía de la federación de municipios, las posibilidades son muchas, partiendo de dos extremos.
Podrá crearse una ZBE pequeña pero muy restringida (solo para coches con etiqueta Cero, por ejemplo) o una mucho más amplia que permita el paso, sin embargo, a un mayor número de vehículos, siempre que cuenten con etiqueta. Entre ambas opciones, las combinaciones variarán en función de las necesidades urbanas concretas.
Las multas de las zonas de bajas emisiones
De cualquier modo, deben resultar eficaces. El texto obliga a los ayuntamientos a “una mejora [de la calidad del aire] respecto de la situación de partida” y apunta, como objetivo principal, el cumplimiento de las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre calidad del aire.
También dice el real decreto que las áreas “se señalizarán de forma clara y reconocible en los puntos de acceso a la misma, utilizando para ello la señal […] aprobada por la DGT”. Del cumplimiento por parte de los conductores se encarga la ley de tráfico.
Desde marzo de este año, incluye como infracción grave “no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación […] de las zonas de bajas emisiones”. La sanción es de 200 euros, sin detracción de puntos.
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Periodista especializado en seguridad vial. Editor y redactor de El Motor desde 2016. Empezó a escribir de fútbol en 1998 en Diario 16 y ha trabajado en varios proyectos de Prisa Media desde 2000. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, es autor de ‘Aquí no se rinde ni Dios’ (2020).