Peajes para entrar a las ciudades, una nueva posibilidad en 2023

El 1 de enero entra en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición Energético, que establece la obligatoriedad de instaurar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todas las ciudades españolas que tengan más de 50.000 habitantes.

Aunque muchas todavía no las han delimitado y no estarán activas en la fecha prevista, los Ayuntamientos podrán establecer de manera voluntaria otra medida de restricción de acceso a la circulación: peajes para entrar en el centro de las ciudades.

Esta novedad se incluye en la Ley de Movilidad Sostenible aprobada por el Consejo de Ministros, en la que se deja abierta la posibilidad de que cada urbe establezca o no, según su criterio, un pago por acceder a las ZBE.

“Esta habilitación legal permite que los municipios que así lo deseen puedan introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones”, expone la ley.

De esta manera, corresponderá a cada municipio decidir si establece un peaje y cuáles serán sus características, de manera muy similar a la creación de las ZBE, que no cuentan con una normativa específica.

En el documento Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones se hace referencia a que el precio del peaje “puede además variar en función de las condiciones del vehículo, en base al principio ‘quien contamina paga’ o de la congestión, en base al principio de ‘el usuario paga”.

A criterio de cada municipio

De esta manera, queda en manos de cada ciudad todo lo relativo tanto a su Zona de Bajas Emisiones como al hipotético peaje.

Respecto a lo primero, pueden decidir su extensión y lo estrictas que serán, aunque existe la posibilidad de que sigan el ejemplo de las ZBE de Madrid o Barcelona, que prohíben la entrada de coches sin etiqueta, limitan la circulación de aquellos con distintivo B y C y no afectan ni a los que tienen ECO ni a los Cero.

En cuanto a lo segundo, cabe la posibilidad de establecer una cuantía fija que grave a todos los vehículos por igual o que se emplee el sistema de etiquetas medioambientales.

Esta opción serviría para gravar en función de las emisiones del vehículo, e incluso existe la posibilidad de variar el criterio en función de las circunstancias (un gran atasco o un episodio de alta contaminación, por ejemplo).

Así se extrae del texto de las directrices: “El peaje puede configurarse como una medida efectiva para estimular el cambio modal y reducir el volumen de tráfico, puesto que traduce los impactos negativos del automóvil a términos económicos claramente perceptibles por la ciudadanía”.