El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado al Ministerio del Interior a facilitar documentación interna de la Dirección General de Tráfico (DGT) relacionada con la implantación de las balizas V-16. La resolución, estimada el 27 de abril, responde a la reclamación de un particular que solicitó acceso a informes técnicos, documentación de seguridad vial y estudios vinculados a la introducción de este dispositivo que sustituye a los triángulos de emergencia.
El órgano independiente, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de acceso a la información pública, fija un plazo máximo de 10 días hábiles para la entrega de los documentos.
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Entre la información requerida figura “cualquier informe o documento interno de la DGT relacionado con la implantación de la V16 y su relación con la seguridad vial”, así como los informes emitidos por laboratorios acreditados sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el Real Decreto 159/2021.
La resolución cuestiona de forma expresa la negativa inicial de la DGT a facilitar estos contenidos. El organismo de tráfico había calificado la documentación solicitada como material “auxiliar o de apoyo”, lo que, a su juicio, justificaba su exclusión del derecho de acceso.
Balizas V-16 certificadas
El Consejo de Transparencia rechaza ese argumento al considerar que no puede entenderse como información auxiliar aquella que haya sido relevante en la toma de decisiones públicas.
El segundo bloque de información afectado por la reclamación se refiere a los informes de ensayo elaborados por laboratorios como LCOE o IDIADA, encargados de certificar la conformidad de las balizas con la normativa.
Tráfico había señalado que los certificados de cumplimiento estaban disponibles en su página web, sin concretar si dispone de los informes técnicos que los sustentan ni facilitar acceso directo a ellos. El Consejo subraya que la solicitud no se refiere a certificados, sino a los informes detallados emitidos por los laboratorios sobre los requisitos técnicos.
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La resolución no avala todas las pretensiones del solicitante. El órgano inadmite, por ejemplo, el acceso a informes sobre sanciones derivadas del incumplimiento del uso de la V-16, al entender que no pueden existir todavía al no haberse desplegado plenamente la obligatoriedad del dispositivo en el momento de la solicitud. Tampoco obliga a la administración a elaborar análisis nuevos sobre incidencias o fallos del sistema, al limitar el derecho de acceso a información ya existente.
La decisión del Consejo de Transparencia se produce en un contexto de debate continuado en torno a la implantación de las balizas V-16. Estos dispositivos, obligatorios en España desde el 1 de enero de 2026 como única señalización de emergencia, sustituyen a los triángulos tradicionales con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la bajada del vehículo en carretera.
Pere Navarro: impulso a la V-16
El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha reconocido recientemente en sede parlamentaria la existencia de un “cierto estancamiento” en las ventas de las balizas, vinculado a un escenario de incertidumbre. Según su intervención en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, esta situación se ha visto influida por debates regulatorios y actuaciones en el ámbito europeo relacionadas con la notificación de la norma.
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En ese mismo foro, el responsable de Tráfico situó en torno a 2.500 las conexiones diarias registradas por dispositivos V16 en las carreteras españolas. La DGT ha anunciado medidas para reforzar su implantación, entre ellas una campaña de impulso orientada a generalizar su uso antes de los periodos de mayor movilidad.
La resolución del Consejo de Transparencia introduce un nuevo elemento en este proceso al obligar a la administración a documentar y hacer accesibles los informes que sustentaron la adopción del sistema. La entrega de esta información deberá realizarse dentro de los plazos establecidos por el organismo.
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