La drástica propuesta catalana que amenaza con eliminar la gran mayoría de las motos

La Generalitat de Catalunya ha anunciado un ambicioso plan para impulsar el uso de vehículos eléctricos, el cual contempla la restricción paulatina de la circulación de motocicletas de combustión antes del año 2030. Esta medida, que afecta a más de 1.180.000 motos censadas en la región, ha generado un intenso debate entre usuarios y organizaciones del sector.

El Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025-2030, presentado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, prevé una inversión de 1.400 millones de euros y se basa en cinco ejes fundamentales: la expansión de la infraestructura de recarga, el fomento de la demanda de vehículos eléctricos, la mejora de su percepción social, el refuerzo del sector industrial y una gestión eficiente de la transición.

Sin embargo, el aspecto más controvertido del plan radica en la eliminación progresiva de las motocicletas de combustión, mientras que los coches y otros vehículos de combustión quedan al margen de la medida. La Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas (ANESDOR) ha expresado su rotundo rechazo a esta disposición, argumentando que supone una discriminación injustificada contra las motocicletas y que su impacto ambiental es mucho menor en comparación con otros medios de transporte.

Muy poco contaminantes

Desde ANESDOR se recuerda que las motocicletas Euro5+, actualmente en venta, presentan niveles de emisión inferiores a los de muchos coches con la etiqueta ECO. Además, subraya que las motos son una solución eficiente para la movilidad urbana debido a su menor ocupación del espacio y su contribución a la descongestión del tráfico.

El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha declarado que la Generalitat debería justificar por qué restringe las motocicletas de combustión sin imponer medidas similares a los coches. Además, ha alertado sobre el impacto que esta prohibición podría tener en la movilidad de miles de ciudadanos, especialmente en Barcelona, donde se realizan alrededor de 450.000 desplazamientos diarios en moto.

Ante esta situación, los usuarios y el sector de las dos ruedas han pedido aclaraciones al gobierno catalán y estudian posibles acciones para evitar que esta medida entre en vigor en los términos anunciados.