El plan para revitalizar el sector automovilístico contempla que la Administración central y las comunidades ayuden con 500 euros cada una y los fabricantes con 1.000 euros a los contribuyentes que adquieran un vehículo ahora. En contra de lo que pueda parecer, esta medida puede suponer un buen negocio para las arcas públicas si logra seducir a compradores que no tenían previsto adquirir un nuevo vehículo.

Ello es así porque cuando un consumidor compra un vehículo paga el impuesto de matriculación -cuyo tipo va de cero a 13,75% dependiendo de si contamina más o menos- y un 16% en IVA. Estos tipos se aplican sobre el valor del vehículo antes de impuestos -cifra que determina la base imponible-. El precio medio, según los datos acumulados hasta marzo, asciende a 16.394 euros por coche. El resultado final es que Hacienda (tanto la estatal como la autonómica) ingresa de promedio 3.400 euros por cada venta. Así, al restarle los 1.000 euros de ayuda de la Administración, las arcas públicas obtienen un superávit de 2.400 euros. Dicho de otra forma, ganan más del doble de lo que aportan.

Una cifra que podría ser menor si se descuenta del precio final del vehículo los 1.000 euros de ayuda que debe poner el sector del automóvil. Sin embargo, los expertos aseguran que el esfuerzo actual en promociones ya es muy elevado y vaticinan que la ayuda de los 1.000 euros no se añadirá a los descuentos que ya se están ofertando, sino que los sustituirá. Ello significa que la base imponible no variará respecto a meses anteriores. Según datos de la patronal de concesionarios Faconauto, el descuento medio por vehículo asciende a 2.436.

Para que la medida sea efectiva para el mercado y, de paso, permita obtener un beneficio para las cuentas públicas, es imprescindible que la demanda aumente con personas que no tenían previsto cambiarse su coche. Si ello no se logra, la medida será deficitaria, ya que servirá a contribuyentes que, independientemente del incentivo, ya tenían decidido adquirir un vehículo. "Si no se produce una demanda adicional, no servirá de nada", dicen desde el sector. Un reciente estudio de la patronal de fabricantes Anfac calculó, bajo la hipótesis de que el Gobierno aprobara una ayuda de 1.500 euros, que se crearía una demanda adicional de 162.000 unidades, lo que reportaría un superávit fiscal de 262 millones de euros.

Los datos de Hacienda corroboran la atonía del sector. En el primer trimestre se matricularon 147.546 vehículos nuevos y comprados en España, un 30% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Ante esta crítica situación, el Gobierno, siguiendo el ejemplo de países como Alemania, impulsó la ayuda directa de 2.000 euros dirigida a particulares, autónomos y pymes que compren un vehículo para sustituir a otro de más de 10 años que destinen a chatarra. El incentivo -que entró en vigor el pasado 18 de mayo- sólo será aplicable si el vehículo adquirido no supera los 30.000 euros, IVA incluido. Más del 90% de los coches que se han comprado en el primer trimestre están por debajo de ese precio. Otra condición es que el coche nuevo emita, como máximo, 149 gramos de CO2, un límite que cumplen más del 60% de los automóviles comprados.

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