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La Guardia Civil ha puesto el foco en las modificaciones ilegales de patinetes y bicicletas tras detectar en La Rioja dos casos especialmente graves que han terminado con un conductor investigado por un delito contra la seguridad vial y otro denunciado administrativamente.
En ambos episodios, los implicados circulaban con vehículos manipulados cuya transformación los convirtió, a efectos legales, en ciclomotores, lo que exige disponer del permiso adecuado y cumplir con la normativa administrativa vigente.
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La primera intervención se produjo en la carretera LR‑115, dentro del término municipal de Autol. Una patrulla observó la maniobra irregular de un vehículo de dos ruedas y, tras su detención, los agentes comprobaron que se trataba de un patinete artesanal al que se le había instalado un motor que carecía de marca y número de bastidor. Ante la falta de homologación, el vehículo fue intervenido y remitido al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT).
El análisis pericial posterior, realizado en un taller acreditado, determinó que el vehículo debía catalogarse como un ciclomotor de categoría L1e‑B, lo que obligaba al conductor a poseer permiso AM. El implicado, un hombre de 29 años, no solo carecía de dicho permiso, sino que además había perdido todos los puntos, situación que constituye un delito contra la seguridad vial. Aunque se había presentado a examen para recuperarlo, fue declarado no apto.
Una bicicleta manipulada que no respetó un ‘stop’
La segunda actuación tuvo lugar en la LR‑134, a la altura de Calahorra, cuando los agentes de Tráfico detectaron a un conductor que no se detuvo ante una señal de stop. En este caso se trataba de una bicicleta cuya transformación también la convertía en un ciclomotor, motivo por el que fue denunciado administrativamente.
La Guardia Civil alerta de un fenómeno creciente: la manipulación de bicicletas y patinetes eléctricos para aumentar potencia o velocidad. Estas alteraciones, además de ser ilegales si no cuentan con la homologación correspondiente, constituyen “un serio riesgo para la seguridad vial”, ha asegurado el instituto armado en una nota.
“Estos vehículos no han superado los ensayos técnicos de frenado, estabilidad ni seguridad estructural que garantizan un uso seguro en la vía pública”, añade la Guardia Civil. Su uso “puede tener consecuencias penales” y para su conducción es obligatorio disponer del permiso de la clase AM, además de cumplir con las autorizaciones administrativas exigidas por la normativa vigente.
En el caso penal, las diligencias han sido trasladadas al juzgado correspondiente, mientras que las infracciones administrativas derivadas de la segunda intervención han sido remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja.
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