El insospechado destino de 300 toneladas de motos y ciclomotores españoles

Las motos iban del desguace a una red de venta irregular de vehículos: ni achatarramiento ni descontaminación, sino lucro. Como resultado de la Operación Injini, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que revendía motos y ciclomotores al final de su vida útil en lugar de gestionarlas como residuos peligrosos. Según las imágenes que ha distribuido el instituto armado, el grupo delictivo manejaba incluso vehículos desechados por la Policía Foral de Navarra.  

Esta trama delictiva desarrollaba sus actividades en un centro autorizado para el tratamiento de vehículos (CAT) ubicado en la Comunidad de Madrid, que se servía de una red de empresas vinculadas a la gestión de vehículos destinados al desguace.  

La empresa adquiría supuestamente motos y ciclomotores dados de baja para su gestión como residuos peligrosos, pero, en lugar de descontaminarlos y venderlos por piezas, los exportaban como vehículos de segunda mano a países africanos y a Italia, Portugal o Polonia. En menor escala –explica la Guardia Civil en una nota–, los ofrecían a particulares de distintos puntos de España.

Como las motos se habían comprado a un precio muy bajo (el objetivo aparente era desguazarlas), el margen de beneficio era muy alto para la empresa, que en paralelo mantenía su actividad legal, es decir, la verdadera gestión de residuos procedentes de vehículos. 

Coches de alta gama gracias a la chatarra

Para el desarrollo de ambas actividades, la legal y la supuestamente irregular, la empresa almacenaba un elevado número de residuos peligrosos en parcelas sin autorización, en las que además se excedía el tiempo máximo permitido.

Gracias a esta práctica irregular, apunta la Guardia Civil, los supuestos cabecillas disfrutaban de un alto nivel de vida: gracias a la reventa de motos sin achatarrar, habían adquirido numerosos inmuebles y coches de alta gama, y habían abierto fondos de inversión. Los activos alcanzaban los cinco millones de euros.

Sólo en el tiempo que ha durado la investigación, la Guardia Civil calcula que el entramado criminal “habría obtenido un beneficio ilícito de más de medio millón de euros”.

La estructura criminal 

La banda contaba con una estructura criminal perfectamente organizada y jerarquizada. En la cúspide, los responsables de dirigir, coordinar y planificar todas las actividades irregulares eran dos administradores de la empresa. Otras dos personas, a sus órdenes, se dedicaban a las labores administrativas y de cobro.

Su labor resultaba fundamental para la trama, dado el elevado número de vehículos que entraban en el CAT: debían inventariar, estructurar y registrar todos los movimientos, y manejar dos contabilidades, la oficial y la oculta. 

Los investigadores han constatado un tercer escalón integrado también en la empresa. En él, 10 operarios ‘limpiaban’ los residuos, eliminado los números de bastidor y las placas de matrículas de las motocicletas. De este modo, no se podían relacionar con el CAT tras la venta.

Por debajo, una red de transportistas se ocupaba del traslado de estos vehículos. En el primer paso de y una red de proveedores, que habrían aportado al núcleo central casi 300 toneladas de motocicletas y ciclomotores al final de su vida útil (algunas de ellas pertenecientes a Policía Foral de Navarra) sin tratamiento y sin autorización.

La investigación se ha saldado con la detención de 25 personas físicas y la investigación de otras cinco jurídicas.