El pueblo de Madrid con más de 100 vehículos por habitante

No puede decirse que Rajadell sea un pueblo fantasma, pues en sus casas de piedra (14 kilómetros al oeste de Manresa, Barcelona) viven algo más de 500 habitantes. Y se ven algunos coches por las calles y cierto bullicio a veces a la sombra del viejo castillo, cuando se va el frío, pero no hay rastro, ni en verano ni nunca, de los 32.610 vehículos allí matriculados, según los registros de 2022 de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Rajadell es, como otras pequeñas localidades catalanas y madrileñas, la sede fantasma de una o varias empresas con flotas de automóviles, o de concesionarios. Es la cara casi invisible de la trampa del impuesto de circulación, un aparente fraude fiscal que se arrastra en España desde hace un par de décadas.

Este tributo lo pagan cada año todos los propietarios de vehículos, circulen o no, y no siempre en igualdad de condiciones. Algunos automovilistas desembolsan siete veces más que otros por el mismo coche y en la misma comunidad autónoma. 

Ingresos de 3.900 millones

De control municipal (el Ayuntamiento, dentro de unos márgenes, decide cuánto cobra), el impuesto de circulación ha transformado varias pequeñas localidades españolas en paraísos fiscales del automóvil. Reducen al minimo las tarifas y así atraen a miles de coches de empresa. Una decena de pueblos españoles registra más de 30 vehículos por habitante; en Rajadell son 60, y no es el primero de la lista. 

Las haciendas locales, según cálculos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) obtendrán por esta vía en 2023 unos 3.900 millones de euros. La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) alerta sobre el descontrol en este asunto. Esta organización denuncia, por ejemplo, “falta de control de la DGT a la hora de admitir cambios de domicilio del permiso de circulación”. 

E intención de engaño por parte de las compañías, que son de renting, de alquiler de furgonetas o concesionarios, un poco de todo, a veces simplemente empresas con flota suficiente como para querer ahorrar.

“Es un fraude, porque las empresas dicen a las jefaturas provinciales [de la DGT] que tienen en un municipio una oficina o una agencia cuando en realidad no hay nada. Y se da la paradoja de que en un pueblo de 200 habitantes hay domiciliados 25.000 vehículos, lo que ocasiona pérdida de ingresos para otros ayuntamientos”, resume Rafael Olañeta, miembro de la ANIHPL.

Las Rozas de Puerto Real: 63.000 vehículos

Esta organización lleva tiempo luchando contra un problema que se arrastra desde el arranque de este siglo. El paso principal lo dieron hace cuatro años, con consecuencias judiciales que aún colean. “Abrimos 15 inspecciones, 14 eran concesionarios de vehículos y una empresa de alquiler de furgonetas. La que más tenía era esta empresa. Concretamente regularizamos 17.000 vehículos”, relata Olañeta. 

En ningún pueblo de España, en teoría, se conduce tanto como en Colmenar del Arroyo y Las Rozas de Puerto Real, ambos en Madrid. “Si queréis información, buscadla en otro sitio”, responden desde el departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Las Rozas de Puerto Real.

Allí están empadronadas 577 personas, según los datos de 2022 del Instituto Nacional de Estadística, pero en los registros oficiales de ese mismo año se amontonan hasta 63.836 vehículos matriculados: son 110 por habitante. En Colmenar del Arroyo están por delante, con 112 por persona. El padrón muestra 1.936 habitantes, y hay 217.003 vehículos.

Estos números dejan en casi nada los de otras poblaciones donde se acumulan los coches, las motos y las furgonetas en los apuntes municipales. En La Serratella (Castellón) hay 59 vehículos por cabeza, y en las madrileñas Patones y La Hiruela se registran 57 y 54, respectivamente. Son algunas más que en Aguilar de Segarra (Barcelona), con 43. 

Son el emplazamiento irreal de compañías que pagan allí muchísimo menos por vehículo; los ayuntamientos les abren las puertas y les dejan hacer, porque coche a coche hacen granero. 

“Para esos pequeños pueblos es como si les hubiera tocado la lotería, porque esos ingresos no les corresponderían. Cuando iniciamos la investigación [en 2019], los ayuntamientos que se beneficiaban de estas prácticas se justificaban diciendo que en Tráfico el domicilio que constaba era el de su municipio: ellos liquidaban y cobraban”, explica Olañeta. 

Vacío legal en el impuesto de circulación

Los consistorios continúan aprovechando el vacío legal. A preguntas por correo electrónico, el Ayuntamiento de Aguilar de Segarra ni siquiera se justifican: no responde. “La ley está como está y cada uno tiene los impuestos como quiere, lo que hacemos es legal. No hay nada más que decir”, añaden desde la alcaldía en Las Rozas de Puerto Real. 

Obligatorio para todos, salvo excepciones —coches oficiales, sanitarios y agrícolas, por ejemplo—, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (que muchos llaman sello o numerito) se liquida una vez al año, por lo general entre el 1 de abril y el 30 de junio. Se hace en función de dónde esté registrado el vehículo a 1 de enero.

Y se debería pagar, dice la ley de haciendas locales, en el municipio donde el vehículo tenga su dirección fiscal, que ha de coincidir con el municipio en el que esté empadronado su titular. En la frase anterior está el primer paso del descontrol: las jefaturas provinciales de la DGT registran el domicilio porque las empresas les dicen que está allí. La respuesta de Tráfico es que no tiene mano en ese asunto ni su tarea es verificar lo que las empresas sostienen.

“No se puede decir que la culpable sea la DGT. No puede dedicarse a comprobar si los domicilios son reales o ficticios”, concede Olañeta. Y añade: “Tampoco me atrevería a criminalizar a las empresas de renting o a las compañías que tienen grandes flotas de leasing o de transporte de mercancías. Lo que hacen es abusar de las facilidades legales… El problema viene  cuando resulta que eso es ficticio. Habría que cambiar la normativa”.

Sello del coche: entre 8 y 90 euros al año

La clave del asunto es que el coste del impuesto puede variar en cada municipio. Existe una tarifa mínima marcada por la norma en función de los caballos fiscales del vehículo, que se calculan a partir de la cilindrada. Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos aplicar una bonificación del 75% en función del carburante y el tipo de motor. Y el enunciado resulta lo suficientemente vago como para que los consistorios (y las empresas) aprovechen el resquicio, denuncia ANIHPL.

Para los turismos de 8 hasta 11,99 caballos fiscales, el rango más común en España, la tarifa mínima es de 34,08 euros. Es la que cobra, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, según datos que aporta Automovilistas Europeos Asociados. En Madrid es de 59 euros, ya que la ley permite “incrementar las cuotas [...] mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2”. 

Barcelona aprovecha ese margen y exige un pago de 68,16 euros, y San Sebastián lo supera y pasa una factura de 87,93 euros. En el extremo opuesto, Rajadell, Patones y otras localidades citadas exigen un desembolso de solo 8,52 euros. La diferencia es del 930%. 

“La facultad discrecional de los ayuntamientos ha desvirtuado la finalidad del sistema tributario y ha dado lugar a la creación en España de verdaderos paraísos fiscales”, señala AEA.

Investigación y denuncias

Puesto que atajar el problema de raíz supone un esfuerzo excesivo (que incluye la necesidad de un cambio normativo), la asociación de inspectores decidió investigar a las empresas supuestamente defraudadoras para demostrar la simulación de domicilio. 

Como consecuencia, el Ayuntamiento de Barcelona sancionó en 2020 a varias empresas por el dinero que había dejado de recaudar entre 2015 y 2018. Tras los recursos pertinentes, los tribunales fallaron a favor de la inspección fiscal barcelonesa. “Tenemos cuatro sentencias [una de ellas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de principios de 2022] que nos han dado la razón, que dicen que este es un fraude como una casa”, resume Olañeta. 

Entre tanto, la ANIHPL ha elevado al Ministerio de Hacienda algunas ideas alternativas, como crear una cuota nacional para que las empresas con flotas amplias paguen lo mismo en Sevilla, en Barcelona o en un pueblo pequeño. “Hay que buscar alguna fórmula acorde con la realidad”, insiste el representante de esta asociación. 

Las propuestas no han prosperado, y la situación se mantiene. En su último informe, AEA refleja los casos de Colmenar de Arroyo, Robledo de Chavela, Venturada, Moralzarzal, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real y Patones (todos ellos en Madrid) y Tejeda (Las Palmas). Con una población de entre 500 y 14.000 habitantes, estos ocho municipios aglutinaron el año pasado 183.604 matriculaciones de coches de empresa, el 40% de las registradas en España.