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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que el nuevo Plan Auto+ supone un avance en términos de agilidad, ya que las ayudas se aplicarán directamente en el punto de venta, pero un retroceso en lo que realmente determina que un ciudadano pueda o no dar el salto a la movilidad eléctrica. Con este programa, el precio final del vehículo es más alto y desaparece el apoyo a la infraestructura de recarga doméstica.
La ayuda directa máxima por la adquisición de un coche pasa de 7.000 a 4.500 euros, después de eliminar la bonificación por achatarrar un vehículo antiguo. Ese incentivo, recuerda la OCU, no solo facilitaba el acceso al vehículo eléctrico, sino que también contribuía a retirar de circulación los modelos más contaminantes y a rejuvenecer un parque automovilístico que sigue siendo uno de los más envejecidos de la Unión Europea.
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Guía definitiva del Plan Auto+: cuáles son las marcas que adelantan ya los 4.500 euros Para la OCU, este recorte se enmarca en una estrategia que “no termina de asumir que la sostenibilidad no puede ser un lujo reservado a los más privilegiados”. Desde su punto de vista, el precio continúa siendo el principal obstáculo para la electrificación, y el nuevo plan no aborda este problema de raíz.
La organización añade que la eliminación de las ayudas para instalar cargadores domésticos supone “una barrera añadida” que golpea especialmente a las familias con rentas bajas, para quienes acceder a tarifas energéticas económicas es fundamental a la hora de plantearse la compra de un automóvil eléctrico.
Red de recarga
Esto se agrava con la falta de una red de recarga pública eficiente. Según la OCU, buena parte de las estaciones urbanas dependen de compañías privadas que aplican precios claramente superiores a los domésticos. Además, la distribución territorial de los puntos es irregular y, en muchas ciudades, no es extraño encontrar terminales fuera de servicio. En un país en el que una gran parte de los hogares carece de garaje, esta ausencia de una infraestructura pública robusta convierte la electrificación en una opción inviable para buena parte de la población.
La organización lamenta que, pese a este contexto, el Gobierno no haya articulado todavía una estrategia nacional que ordene e impulse la red de recarga en todas las comunidades autónomas. Considera que solo un plan vinculante permitirá garantizar un acceso real y equitativo al vehículo eléctrico, especialmente para aquellos usuarios que no cuentan con un punto de carga propio y dependen totalmente de la red pública.
Entre sus críticas, la OCU pide mejorar la transparencia en los precios obligando a las marcas a mostrar importes finales reales que integren todas las deducciones y subvenciones; reforzar la vigilancia del mercado para detectar posibles aumentos artificiales de precios en los modelos subvencionables, y ampliar los fondos del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, una cifra que considera insuficiente y que, según sus cálculos, podría agotarse en pocos meses si se mantiene la actual demanda de vehículos enchufables.
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