Un leasing social de coches eléctricos: esta fue la propuesta que puso en marcha Francia. Con ella facilitaba que los ciudadanos con rentas medias y bajas, que viven en zonas rurales, pudieran acceder a este tipo de vehículos por cuotas de unos 100 euros.
Tanto éxito tuvo que, el pasado mes de marzo, la Comisión Europea la incluyó en su Plan de Acción para la industria automotriz. Fue, incluso, un paso más allá: pidió a sus Estados miembro que implantasen este tipo de programas.
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España podría cumplir con los deseos de Europa. Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. En ella plantea el desarrollo de un sistema de leasing social de coches eléctricos con cuotas asequibles adaptadas a hogares, empresas o profesionales vulnerables de zonas rurales
La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Transición Ecológica, apuesta por un sistema de colaboración con otras administraciones. Incluye una previsión de potencial demanda, una cuota asequible adaptada al territorio e instrumentos de demanda para coches pequeños y furgonetas fabricados en la UE: tanto para usuarios vulnerables como para microempresas vulnerables y autónomos.

Eliminar barreras
Plantean, también, impulsar el ‘carsharing’ en empresas de entornos rurales, en diálogo y colaboración con las empresas y los sindicatos. Además, proponen “eliminar las barreras de acceso social” a los coches eléctricos a través de estas vías de actuación:
- Automatizar la aplicación de las ayudas.
- Ampliar las ayudas a los vehículos de empresa.
- Aumentar la disponibilidad de las instalaciones de recarga, especialmente en zonas rurales, unificando el sistema de recarga.
- Impulsar la producción de vehículos eléctricos transformando el sector automovilístico.

Por último, como señala Europa Press, la proposición pide crear un instrumento de demanda para vehículos eléctricos pequeños y asequibles fabricados en la Unión Europea, mediante el análisis del ciclo de vida del coche.
Sumar quiere introducir estas dos medidas dentro del Fondo Social para el Clima. Este figura en la Directiva de la UE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, pendiente de transponer en el ordenamiento jurídico español, y dedicarle la partida presupuestaria necesaria.
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