La proposición de ley del Grupo Socialista que pretendía reducir la tasa máxima de alcohol en la conducción queda descartada tras la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones. Así termina para la Dirección General de Tráfico (DGT) una legislatura con asuntos pendientes que, sin embargo, ha concluido con la entrada en vigor de una reforma del reglamento diseñada para proteger a los usuarios más vulnerables de la vía.
La ley socialista obtuvo el aval del Congreso para su tramitación el pasado 29 de septiembre, por lo que la convocatoria de elecciones truncó el camino de esta reforma después del primer paso. La norma proponía un límite máximo general, igual para todos, de 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre o 0,10 miligramos por litro de aire espirado, frente a los actuales 0,50 gramos (0,25 mg/l) o 0,30 gramos (0,15 mg/l) para profesionales y noveles.
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El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha lamentado este miércoles que la reforma no vaya a salir adelante a corto plazo. “El tema estaba atado”, ha asegurado durante el acto de presentación de la campaña Elegir SIN alcohol volante es la caña, de Cerveceros de España.
Esta propuesta diferenciaba entre infracción grave (conducir con una tasa de entre 0,20 g/l o 0,1 mg/l y 0,50 g/l o 0,25 mg/l, castigada con 200 euros de multa) e infracción muy grave, para castigar a quien condujera con “tasas de alcohol superiores a 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre, o con presencia en el organismo de drogas”, modificando el artículo 77. Para dichas infracciones, se fijaba una multa de 1.000 euros.
De haber prosperado, la ley habría fijado una escala de pérdida de puntos:
- Tasa de entre 0,1 mg/l y hasta 0,25 mg/l: dos puntos.
- Entre 0,25 mg/l y 0,50 mg/l: cuatro puntos.
- Más de 0,50 mg/l: seis puntos.
La toma en consideración de la iniciativa fue apoyada con 173 votos a favor frente a 168 en contra del PP, Vox y UPN y la abstención del PNV.
“Nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, que era presentarlo”, ha recordado el director de Tráfico, que ha recordado la primera oportunidad perdida en marzo. La proposición no salió adelante en aquel momento porque “el interés público general no está de moda”. Y ahora “el tema estaba atado, parecía que iba a salir, pero se han convocado las elecciones”, se ha dolido Navarro.
A juicio del responsable de la DGT, la iniciativa fue rechazada porque “el lobby del alcohol, en su derecho, fue a ver a todos los grupos parlamentarios”. A la hora de la votación hubo que decidir entre el apoyo “al lobby del alcohol” o a las víctimas de tráfico. Ganó primero. “Es una decisión ética y moral y cada uno que asuma su responsabilidad. Insisto, yo creo que el trabajo está hecho y es una cuestión solo de tiempo el que al final podamos verlo aprobado. Tiempo al tiempo”, ha subrayado.
Multas en función de la renta
Otra ley socialista registrada en el Congreso que decae con el adelanto electoral es la que pretendía reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción administrativa se considera delito. Se proponía así endurecer la respuesta frente a los grandes excesos de velocidad y que el Código Penal castigara a quienes superan en 50 kilómetros por hora el límite máximo en ciudad (frente a los 60 km/h actuales) y en 70 km/h en carretera (ahora son 80 km/h). De este modo, circular a 191 km/h en una autopista ya supondría un delito contra la seguridad vial.
Tampoco saldrá adelante la iniciativa de Sumar que proponía sancionar a los automovilistas en función de su renta. A partir de las cuantías actuales (hasta 100 euros para las infracciones leves, 200 euros para las graves y 500 euros para las muy graves), se pretendía modificar la ley para regular las multas “de acuerdo con la capacidad económica del infractor”, con tres franjas de incremento.
- En un 150% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales se sitúen entre los 70.000 y los 85.000 euros.
- En un 300% entre los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales [oscilen] entre los 85.000 y los 100.000 euros.
- En un 500% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales superiores a los 100.000 euros.
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Otro asunto que ha quedado en el tintero en materia de seguridad vial es implantar en España el permiso de la clase B1 para mayores de 16 años, que permitiría conducir coches pequeños y eléctricos como otra opción más para moverse por las ciudades y abrir la puerta a los jóvenes a esa futura manera de desplazarse. Este asunto queda a expensas del próximo Gobierno, ya que se estaba tramitando como real decreto que modificaría el Reglamento General de Conductores.
Del mismo modo, aún no se ha llevado a la norma la intención de la DGT de exigir un curso de formación a los conductores con permiso B y tres años de antigüedad que quieran manejar una moto de hasta 125cc. En la actualidad, los automovilistas no superan ningún trámite legal para pasar del coche a las dos ruedas.
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Periodista especializado en seguridad vial. Editor y redactor de El Motor desde 2016. Empezó a escribir de fútbol en 1998 en Diario 16 y ha trabajado en varios proyectos de Prisa Media desde 2000. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, es autor de ‘Aquí no se rinde ni Dios’ (2020).