La inspección técnica de vehículos (ITV) arrastra desde hace años un prejuicio recurrente entre algunos conductores: los operarios fuerzan los coches, aceleran más de la cuenta los motores o someten a los vehículos a pruebas capaces de causar averías. Las redes sociales han contribuido a alimentar una percepción que desde dentro se ve de otra forma.
Una revisión tipo en la ITV, cuya misión es verificar que un vehículo cumple las condiciones exigidas para circular con seguridad, se estructura en 10 grandes apartados que abarcan desde la identificación del vehículo hasta el estado del motor, la transmisión, los frenos, la dirección, la suspensión o las emisiones contaminantes.
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“Durante el proceso de inspección técnica no se efectuará [el] desmontaje de ningún elemento o piezas del vehículo”, ha recordado la patronal de las estaciones AECA-ITV. La revisión empieza verificando que la matrícula, el número de bastidor y la documentación coinciden.
Después se examinan elementos de la carrocería y el chasis, las lunas, los retrovisores, el alumbrado, los cinturones, los neumáticos, la suspensión, la dirección o el sistema de frenado. También se realizan pruebas específicas de emisiones y ruido. Se trata, fundamentalmente, de comprobaciones visuales y ensayos reglamentarios.
Prueba de holguras en la ITV
Uno de los puntos que más dudas genera es la conocida prueba de holguras realizada sobre placas móviles. En un vídeo difundido por la cuenta especializada La ITV en TikTok, un inspector responde precisamente a quienes creen que esas plataformas dañan la suspensión o la dirección.
A su entender, el movimiento aplicado está muy por debajo de los esfuerzos que soporta un vehículo durante una conducción normal y las pruebas están diseñadas para detectar defectos, no para originarlos.
La propia AECA-ITV ha insistido en que las estaciones no desmontan coches ni realizan actuaciones invasivas. El objetivo es comprobar el estado de los sistemas de seguridad sin alterar su funcionamiento.
Eso no significa que los problemas sean imposibles. Como ocurre en cualquier actividad donde intervienen personas y maquinaria, pueden producirse daños ocasionales. Una escobilla del limpiaparabrisas que se rompe durante una comprobación, un retrovisor golpeado accidentalmente o un desperfecto en la carrocería son ejemplos de situaciones que, aunque poco frecuentes, pueden darse.
En esos casos, la responsabilidad no desaparece. Si el daño es consecuencia directa de la actuación de un operario durante la inspección, el seguro de responsabilidad civil de la estación ITV debe hacerse cargo de la reparación correspondiente.
La cuestión se complica cuando la avería aparece después de abandonar la estación. Entonces surge la duda habitual: ¿la ITV ha provocado el problema o simplemente lo ha puesto de manifiesto?
Una ITV en el juzgado
La jurisprudencia exige pruebas. Un caso analizado por la Audiencia Provincial de León en 2023 concluyó que no basta con acreditar que la avería se produjo durante la inspección. El propietario debe demostrar la existencia del daño, la relación causal y, además, una actuación negligente del técnico.
En aquel procedimiento, los jueces descartaron la responsabilidad de la ITV porque las pruebas periciales apuntaban al desgaste previo del vehículo y confirmaban que la inspección se había realizado conforme al procedimiento reglamentario.
Por eso, cuando un conductor considera que la estación ha causado un daño, resulta esencial actuar de inmediato. Lo recomendable es comunicar la incidencia antes de abandonar las instalaciones o tan pronto como se detecte. También conviene recopilar fotografías, informes mecánicos, facturas y cualquier documento que permita acreditar el estado previo del vehículo.
El siguiente paso suele ser solicitar una hoja oficial de reclamaciones. En ella deben detallarse los hechos y aportarse todos los elementos de prueba disponibles. Posteriormente, la documentación se remite al organismo competente en materia de industria de la comunidad autónoma correspondiente, que analizará el caso y emitirá una resolución. Si el usuario no está conforme con la decisión, podrá acudir a los tribunales.
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