Las 149 ciudades donde 25 millones de coches no podrán circular

El Ayuntamiento de Madrid formuló en marzo casi 50.000 denuncias por infringir la prohibición de acceso a la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica en lo que supuso, según denuncia Automovilistas Europeos Asociados (AEA), una “imposición masiva e indiscriminada de sanciones”. 

La organización de defensa de los conductores achaca el elevado número de multas a “una confusa y deficiente señalización”, y anuncia que el problema puede extenderse en los próximos meses a otras localidades. 

El año que viene, casi 25 millones de coches no podrán circular en 149 municipios españoles o, al menos, en algunas de sus calles. Todas aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes deben crear áreas de circulación restringida antes del 1 de enero de 2023, según marca la ley de cambio climático, y AEA se teme cierto caos en las calles.

Guía técnica de la FEMP

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya se puso en alerta en junio de 2021, cuando presentó, junto con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Área Metropolitana de Barcelona, la guía técnica para la implantación de las zonas de bajas emisiones. A falta de un reglamento oficial, fue el primer intento de ordenar la creación de estas áreas.

Casi un año después, todavía no hay una norma que diga cómo deben diseñarse, y solo existe la placa creada por la DGT para avisar a los conductores.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó en abril el proyecto de real decreto que regulará la creación de ZBE, pero el texto, que apenas da indicaciones a los ayuntamientos, sigue sin aprobar.

El borrador establece que las áreas “se señalizarán de forma clara y reconocible en los puntos de acceso a la misma, utilizando para ello la señal […] aprobada por la DGT” y jerarquiza los modos de transporte: los automóviles particulares aparecen en último lugar.

Coches diésel y de gasolina

En España hay 24,6 millones de turismos. Unos 14,9 millones son de gasóleo y otros 9 están alimentados por gasolina, todos ellos sin etiqueta o con distintivos B o C. El resto, menos de 700.000, son electrificados, casi todos con etiqueta ECO. El borrador del ministerio, sin embargo, dice que “se priorizará el acceso de los vehículos 0 emisiones”. Es decir, híbridos enchufables o eléctricos, con etiqueta Cero.

La creación de las ZBE se sufragará con los Fondos Next Generation, pero no todos los municipios tienen claro cómo organizarlas. “Estamos elaborando una ordenanza tipo que tendremos disponible para el otoño. Pero al mismo tiempo estamos a la espera de que se publique [el real decreto del Gobierno], porque cualquier ordenanza tiene que apoyarse en la regulación”, explica el responsable de Movilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), José Antonio Santano, alcalde de Irún.

En qué ciudades habrá ZBE

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 149 ciudades que deberán delimitar las zonas de bajas emisiones. Son las poblaciones con más de 50.000 habitantes. También deberán sumarse las de más de 20.000 si registran niveles excesivos de contaminación. 

Más allá de las sugerencias de la FEMP, los consistorios tendrán libertad para establecer los criterios, pues el proyecto de real decreto no recoge pautas concretas. Solo dispone que el tamaño de la ZBE y la población expuesta “deben ser significativos y suficientes” para mejorar “la calidad del aire” e impulsar “modos de transporte más sostenibles”.

Y aunque muchos ayuntamientos han empezado con la planificación, su avance depende de la norma. “Cuando se apruebe, confío en que bastantes cosas que están en el aire se puedan aclarar. Entre otras, la fecha de entrada en vigor de las ZBE. Desde la FEMP creemos que hay que retrasarla. Si estamos dando ahora los primeros pasos de ejecución, es complicado que en enero de 2023 las tengamos en marcha”, argumenta Santano. 

Niveles de restricción

Según la guía técnica de la FEMP, único documento orientativo actual, las entidades locales podrán determinar niveles de restricción más o menos exigentes y delimitar áreas con mayor o menor tamaño. Por ejemplo, una zona pequeña en el centro, pero que sea exclusiva para vehículos con etiqueta Cero, o un área mucho mayor que prohíba el paso solo a los modelos sin distintivo, pero sí se lo permita a aquellos con etiquetas B y C, que son mayoritarios.

“El problema que vemos ahora es que no existen unos criterios comunes. En Plaza Elíptica [prohibida para coches sin etiqueta], el Ayuntamiento ha utilizado una señal incorrecta, y en Rivas-Vaciamadrid [otro municipio madrileño] han creado una zona de bajas emisiones en torno a los colegios con una señalización diferente”, se queja Mario Arnaldo, presidente de AEA.

Un túnel prohibido

En el caso concreto de la ZBE de la capital, según AEA, los conductores desconocen “la prohibición de atravesar el túnel subterráneo” bajo la plaza de Fernández Ladreda, y ese punto concentra el 80% de las sanciones. Se trata de un paso natural (y rápido, pues apenas son 150 metros, más otros 600 a cielo abierto) hacia la M-30 y el centro de Madrid desde la A-42 (la autovía de Toledo), y viceversa, pero la circulación está prohibida para los turismos sin etiqueta. AEA achaca el exceso de sanciones “a la confusa y deficiente señalización existente en la zona”.

Según señala AEA en su informe, “las señales verticales de aproximación a la zona utilizadas por el Ayuntamiento de Madrid no se corresponden con el formato y prescripciones técnicas” indicadas por la DGT para este fin. Las señales deberían incluir las etiquetas medioambientales de los coches que sí pueden acceder, algo que no ocurre en este caso. 

Tampoco existe, en los tramos de entrada y de salida, “la preceptiva señalización advirtiendo de la captación de imágenes de vehículos y su tratamiento conforme a la Ley Orgánica 3/2018”, añade el informe de AEA. 

Sin un reglamento genérico aprobado, el Ayuntamiento de Madrid considera que la señalización es la correcta. La restricción al tráfico entró en vigor el 22 de diciembre y, tras un periodo de aviso sin sanción, el consistorio empezó a multar a partir del 22 de febrero.