¿Los ciclistas están obligados a someterse a un control de alcoholemia?

En un control rutinario de fin de semana o durante alguna campaña específica de la Dirección General de Tráfico (DGT), cualquier automovilista puede enfrentarse a una prueba de alcoholemia y no tiene posibilidad legal de evitarla. Todo aquel que sea requerido por un agente para hacer una prueba de detección de alcohol debe afrontar el juicio del alcoholímetro.

La ley de tráfico menciona la “obligación […] de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de alcohol”, e incumplirla se considera infracción muy grave. Esto se aplica de modo genérico a los conductores (y en algunos casos a los peatones) y la normativa considera como tales a los ciclistas y a los usuarios de vehículos de movilidad personal).

Así, quienes vayan en un vehículo (incluidas las bicicletas) deberán soplar en el alcoholímetro en un control de tráfico si lo decide el agente. Además, un policía local o un guardia civil también puede solicitar la prueba de alcoholemia a quien haya cometido una infracción o a los usuarios de la vía que estén “implicados en algún accidente”, circunstancia que afecta igualmente a los peatones. Lo anterior se aplica a las pruebas de presencia de drogas en el organismo.

Ciclistas en la carretera: multas por beber

El límite de alcoholemia en España para los ciclistas es de 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre (0,25 miligramos en aire espirado), es decir, el genérico que se aplica a los conductores (dejando de lado los profesionales y noveles, cuyo máximo es 0,30 gramos o 0,15 miligramos).

Las sanciones económicas son las mismas, pero los ciclistas no pierden puntos en el carnet. La multa es de 500 euros, que sube a 1.000 si se trata de un conductor (o ciclista) reincidente, es decir, que haya cometido la misma infracción en el año inmediatamente anterior.

Multa por negarse a la prueba de alcoholemia

A pesar de la obligación, hay quien decide no realizar la prueba, pero las consecuencias son costosas. La sanción es de 1.000 euros (para conductores o cualquier usuario de la vía) y sucede lo mismo con las pruebas de detección de drogas. Se trata de una de las multas más caras de la ley de tráfico.