David Redondo, propietario de una moto BMW, dejó su S 1000 RR en el concesionario oficial de la marca Tormes Motor, en Salamanca, el pasado 6 de septiembre para la resolución de un problema con el control de velocidad. El vehículo disponía de un sistema de seguimiento y posicionamiento GPS, que muchos motoristas instalan para acceder a datos de su utilización, así como localizarlo en caso de robo.
Al día siguiente, el dispositivo le envió una alerta a su teléfono móvil indicando que su moto deportiva se encontraba circulando por la autovía A-50. En concreto, se registró un desplazamiento de 37 kilómetros, a una velocidad media de 82 km/h, pero con una velocidad máxima de 222 km/h.
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Ante esta circunstancia, el cliente se puso en contacto con el taller interesándose por lo ocurrido. Desde el concesionario, según las declaraciones del propietario del vehículo. tan solo le indicaron que el mecánico acababa de regresar de realizar una prueba y desconocían lo que había sucedido.
Con esta falta de información, David Redondo inició un proceso de reclamación a través de la Unión Internacional de la Defensa de los Motociclistas (IMU). Como primera medida, los expertos de IMU le aconsejaron denunciar el hecho ante la Guardia Civil, como presunto delito contra el artículo 379.1 del Código Penal, que señala que “se castigará a todo aquel que conduzca un vehículo de motor o un ciclomotor sobrepasando la velocidad permitida en 60 km/h en vía urbana y 80 km/h en interurbana. Penas: prisión de tres a seis meses o con una multa de seis a doce meses o con realizar trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días”.
Desde IMU, por su parte, denunciaron por el mismo motivo lo ocurrido tanto ante la Dirección General de Tráfico (DGT) como ante el Fiscal General de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, en base a las pruebas a las que ha tenido acceso su departamento de seguridad. La asociación considera que el taller ha realizado “un uso no autorizado de la motocicleta para reparar una avería”, además de exigir “la investigación de unos supuestos hechos que pusieron en peligro la seguridad del tráfico y pueden ser constitutivos de infracción penal, según indican en un comunicado”.
El propietario recogió la BMW del concesionario el día 15, comprobando, tanto por el cuentakilómetros como por el dispositivo de geolocalización, que desde el pasado 6 de septiembre la moto había recorrido 200 kilómetros. Una distancia que, a todas luces, resulta excesiva para las comprobaciones rutinarias de funcionamiento en carretera por parte de un mecánico y que ha llevado a la IMU a requerir a BMW Motorrad España la investigación de los hechos y su esclarecimiento para evitar que se repita.
David Redondo, en declaraciones a EL MOTOR, ha expresado su extrañeza ante lo sucedido y las razones que le han llevado a iniciar este procedimiento: “Lo más importante para mí es que quede claro que yo no he circulado a esa velocidad con la moto. A partir de ahí, creo que al menos merezco una explicación y una disculpa por parte del concesionario, algo que no me han ofrecido en ningún momento, ni siquiera cuando retiré el vehículo de sus instalaciones”.
EL MOTOR ha intentado conocer la versión de los hechos del concesionario Tormes Motor, sin éxito en el momento de la publicación de esta información.
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Una vida sobre ruedas. De piloto (malo) de motocross a periodista deportivo en Diario AS, incluyendo una década en los grandes premios de MotoGP. Apasionado de los coches y las motos, en más de 30 años ha tenido el privilegio de probar unos cuantos cientos de unos y de otras. Ahora, subdirector en Prisa Motor.