Cómo es la caja negra que los coches deben llevar a partir de julio

Contra los siniestros viales, ingeniería y estadística. La Unión Europea echa mano de la tecnología para reducir los accidentes en la carretera y por eso los coches tendrán que llevar este año, por ley, una caja negra. Se trata de analizar los problemas de hoy para evitar los de mañana.

Según establece Bruselas en un reglamento aprobado en 2019, el mismo que abre paso a los alcoholímetros antiarranque, los turismos deberá integrar a partir del 6 de julio un “registrador de datos”. Si no es así, no recibirán la homologación para circular por Europa; dos años después, el dispositivo será obligatorio en todos los coches nuevos que salgan de los concesionarios. 

Función de la caja negra del coche

La caja negra para coches cumplirá la misma función que en los aviones. Colocada bajo el asiento del conductor, atornillada al chasis, grabará todos los datos significativos que puedan ser utilizados después en caso de accidente. Irá registrando y borrando información constantemente, pero no tomará imágenes ni sonido ni señalará el origen de los datos, pues serán anónimos. 

Cuando se produzca un siniestro vial, el dispositivo guardará la información generada durante los 30 segundos previos y los cinco posteriores, que servirán luego para el análisis. El sistema lo hará solo en los choques que puedan ser más graves y se activará, según propone la UE en un reglamento publicado en 2019, con el despliegue del airbag.

Así quedará constancia de la velocidad, los movimientos de la dirección, la posición final del acelerador, la desaceleración, el funcionamiento de los cinturones de seguridad o el ángulo de giro del vehículo en caso de vuelco, entre otros detalles. 

Tras un siniestro vial, al investigador le bastará con conectar la caja negra a un ordenador para descargar los datos necesarios, que ayudarán a entender los accidentes de tráfico y evitarlos en el futuro. Y sin que esto suponga poner cara a los conductores. 

La caja negra será anónima

Bruselas indica en su normativa que estos dispositivos deben grabar y almacenar “datos anonimizados”, de manera que los Estados miembros puedan usarlos “para realizar análisis de seguridad vial y evaluar la eficacia de medidas concretas que se hayan adoptado, sin la posibilidad de identificar al propietario o al poseedor de un vehículo concreto”. 

La instalación de este dispositivo, como todo lo que recoge el reglamento que marca los requisitos de homologación de 2022, tiene como contexto el plan Vision Cero, con el que la UE pretende acabar con los fallecidos y lesionados graves por accidente de tráfico en 2050. 

La Unión Europea calcula que la imposición de sistemas de ayudas a la conducción como equipamiento obligatorio logrará evitar 25.000 muertes en la carretera y 140.000 heridos graves en los próximos 15 años. El registro de información en los siniestros viales, dice la UE, “constituye un paso valioso para obtener datos más precisos y exhaustivos sobre accidentes”.