Las 117 ciudades españolas que preparan una zona de bajas emisiones

Un año después, la mayoría de las ciudades obligadas a crear zonas de bajas emisiones (ZBE) sigue incumpliendo la ley de cambio climático. El Ministerio para la Transición Ecológica registra como activas las ZBE de solo 15 ciudades de las 151 que deberían haberlas puesto en marcha “antes de 2023”.

Estas poblaciones, algunas de ellas a conciencia, llegan tarde al objetivo que marca el decreto que desarrolla la norma: mejorar la calidad del aire, impulsar modos de transporte más sostenibles y mitigar el cambio climático.

“No instaurar zonas de bajas emisiones es saltarse las normas. No se pueden dar pasos atrás en la lucha frente a la emergencia climática”, respondieron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica a EL PAÍS en agosto, cuando algunos municipios gobernados por PP y Vox empezaron a reducir las áreas restringidas o a negarse a su implantación.

Los avances siguen siendo muy lentos. Un mapa interactivo publicado en la web oficial del organismo resume la situación: 117 ciudades tienen las ZBE “en trámite”. Algunas de ellas han pedido una moratoria para ponerlas en marcha, más allá del año de retraso que acumulan. 

Y aunque el ministerio que dirige Teresa Ribera señala que quienes no instalen estas áreas se arriesgan a la pérdida de fondos europeos, 17 municipios ni siquiera han empezado los trámites para establecerlas. Entre ellos, Aranjuez (Madrid), Barakaldo (Bizkaia), Ferrol (A Coruña) o Motril (Granada). 

Están obligadas a instaurar zonas de bajas emisiones las ciudades que tienen más de 50.000 habitantes y también aquellas con más de 20.000 habitantes censados y mala calidad del aire. 

ZBE en las islas

Igualmente se incluyen en la obligación los territorios insulares en su conjunto (al margen de las ciudades de más de 50.000 habitantes que haya en ellos): las islas de El Hierro, Formentera, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Mallorca, Menorca y Tenerife aparecen señalados en negro en el mapa.

El reglamento del Ministerio para la Transición Ecológica indica que en estas áreas “se priorizará el acceso de los vehículos de cero emisiones”: en algunas ZBE, en efecto, hay restricciones para los que muestran las etiquetas B y C. Los ECO, por lo general, pueden circular sin cortapisas. 

De modo genérico, la norma exige prohibiciones o restricciones de acceso y circulación de vehículos en función de su potencial contaminante.

A partir de esa premisa, los ayuntamientos tienen libertad para elegir el modelo de ZBE: grande y menos restrictiva o pequeña y más exigente. La normativa solo dice que la superficie debe ser adecuada y suficiente para que resulte eficaz y reduzca las emisiones, y que, a la vez, no fomente una mayor concentración de los vehículos en las áreas adyacentes. 

Multa por entrar a una zona de bajas emisiones

Hasta 2022, los municipios podían regular las sanciones en sus ordenanzas de movilidad. Desde el 21 de marzo del año pasado, el castigo queda unificado por la ley de tráfico, que considera infracción grave incumplir las restricciones de las zonas de bajas emisiones. La multa es de 200 euros, con la posibilidad de reducirla a 100 euros si se abona durante el periodo voluntario.