Multas de tráfico más caras para los conductores más ricos, una nueva propuesta para la DGT

La policía suiza identificó a un conductor en Argovia (en el norte del país) por circular demasiado cerca del coche precedente. El caso terminó en juicio y en febrero se conoció la sentencia: multa de 50 días a razón de 1.970 francos al día, además de la retirada durante dos años del carnet de conducir; en total, unos 105.000 euros al cambio. El automovilista era millonario y el tribunal impuso la sanción a sabiendas de su renta. Una proposición de ley del grupo parlamentario de Sumar apuesta por reformar la ley de tráfico y aplicar este sistema en España.

No es un método nuevo. Las multas progresivas llegaron a Europa en 1921 por medio del Código Penal de Finlandia, que consideraba que la cuantía de la multa debía ser “razonable en relación con la capacidad de pago de la persona multada”. 

Así se aplica también en países como Dinamarca o Suecia, donde se utiliza solo para las infracciones graves, y Sumar propone ajustar el sistema a la realidad española porque, a su entender, el carácter disuasorio de las multas “se ve atenuado” si el nivel de renta del infractor es muy elevado.

Esto “hace que la cuantía sea irrisoria” en algunos casos, argumenta el texto: “La finalidad de concienciar sobre el hecho punible no será el mismo con una multa de 500 euros para una persona que cobre 1.100 mensuales que para otra que cobre 10.000 en el mismo período de tiempo”.

Las multas en la ley de tráfico

La ley de tráfico regula la cuantía de las sanciones en función de la gravedad de las infracciones, divididas en tres grupos: leves (castigadas con hasta 100 euros de multa), graves (200 euros) y muy graves (500 euros). La norma incluye categorías propias para los excesos de velocidad (con castigos de 200 a 600 euros) y el consumo de alcohol y drogas (hasta 1.000 euros), y añade infracciones concretas que pueden alcanzar los 20.000 euros, como instalar inhibidores de radares o causar daños a la infraestructura de la vía, por ejemplo.

En ningún caso, estas multas  dependen de los ingresos del infractor. De salir adelante la proposición de ley, admitida a trámite y publicada en el BOE este 14 de marzo, el artículo 81 de la ley de tráfico regularía las sanciones “de acuerdo con la capacidad económica del infractor”, con tres franjas de incremento a partir de las cuantías base: 

• En un 150% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales se sitúen entre los 70.000 y los 85.000 euros.

• En un 300% entre los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales [oscilen] entre los 85.000 y los 100.000 euros.

• En un 500% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales superiores a los 100.000 euros.

Justicia o caos burocrático

La propuesta acaba de empezar su recorrido y la Dirección General de Tráfico (DGT) ha preferido no pronunciarse al respecto. “Poco podemos decir hasta que no se apruebe. De momento es una iniciativa parlamentaria que tiene que seguir los cauces en el Congreso”, dicen fuentes de Tráfico.

Otras voces apoyan la idea, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Para esta organización, el sistema serviría de complemento al “sistema de equidad” representado por el carnet por puntos. “Añadir una componente progresiva a las sanciones económicas refuerza esta equidad y aumenta el efecto disuasorio en las rentas elevadas”, ha dicho la AUGC a ElDiario.es.

En el lado opuesto, el abogado y asesor de PONS Mobility Ramón Ledesma –uno de los impulsores del permiso por puntos–, considera que la progresividad “puede tener una enorme lógica” desde el punto de vista económico, pero supondría “burocratizar un sistema que en la actualidad funciona de manera especialmente ordenada”. A su juicio, la gestión de las sanciones debe basarse en “un procedimiento rápido y sencillo que genere sensación de control en los conductores”. Hacer lo contrario podría “convertir en un caos” el proceso.

La propuesta de Sumar mira también hacia abajo y sugiere una reducción del 30% en las sanciones para quienes acrediten “percibir unos ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI)”, y una rebaja del 15% para los conductores o propietarios de vehículos que ingresen “entre 1,5 y 2,5 veces” el SMI.