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La semana pasada, un robo de cables en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla provocó un caos ferroviario que afectó a más de 10.000 viajeros en una treintena de viajes programados.
La sustracción de cables de señalización, junto con una avería en la catenaria causada por un tren de la operadora Iryo, paralizó el servicio durante horas, generando aglomeraciones tanto en las estaciones de Atocha como Santa Justa.
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El robo de cables eléctricos para venderlos al peso no es nada nuevo. Instalaciones municipales, tendidos ferroviarios y edificios en construcción han sido desde hace tiempo objetivos de este tipo de delincuencia.
Ahora, el despliegue de redes de recarga eléctrica para los coches sin emisiones ha abierto un nuevo campo de acción para los amigos de lo ajeno, que ven en los cargadores públicos otra oportunidad para la sustracción de metal.
Cargadores, las víctimas
Los postes de carga permanecen en la vía pública a merced de estos delincuentes que, como ya han demostrado en otros países, no dudan en seccionar los cables de conexión, incluso con los vehículos enchufados. Un nuevo tipo de robo para obtener metales valiosos que se suma al creciente robo de catalizadores en los vehículos.
La alarma ya cundió hace un tiempo en Estados Unidos, cuando una ola de actos vandálicos asoló la red de supercargadores que Tesla tiene desplegada en aquel país. Los ladrones cortaban de raíz los cables de carga para hacerse con el cobre que contienen y revenderlo como chatarra.
De Estados Unidos a Europa
Y como era previsible, el mal ejemplo ha llegado a Europa, donde ya se han denunciado casos similares en países como Holanda o Francia. Con un precio de unos 7.5 euros el kilo, el cobre es un metal con una gran demanda y es muy codiciado por los delincuentes, que encuentran así una forma de ganar un dinero fácil revendiéndolo al peso.
Vigilancia electrónica
Al principio, se detectaron puntuales sustracciones de los cables que llevan estos vehículos eléctricos para conectarlos a los enchufes domésticos. Un accesorio que ya se vende en el mercado por un precio de entre 100 y 200 euros.
Pero en el caso de los cargadores públicos y los supercargadores de alta capacidad, son instalaciones más potentes que disponen de cables largos para poder llegar a las tomas de corriente de los coches eléctricos estacionados y tienen una sección mayor para trasvasar mejor la electricidad.
Esto implica un contenido de cobre más elevado que, aunque muy bien protegido por una gruesa funda aislante, es sustraído por los ladrones cortándolo con unas cizallas para posteriormente venderlo como chatarra para su reprocesamiento.
La solución al problema ya está en marcha y la videovigilancia o la protección electrónica en las estaciones de carga públicas no tardarán en reforzarse para evitar esta nueva moda delictiva que amenaza al coche eléctrico.
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