La industria de la automoción encaraba este 2025 como uno de sus años más desafiantes. La llegada inminente de las multas por emisiones a los fabricantes de automóviles ponían en tensión no solo a estos, sino también a los conductores y futuros compradores de coches.
Y es que a partir del 1 de enero de 2026, las consecuencias de la normativa CAFE (Clean Air For Europa, aire limpio para Europa en español) iban a provocar un efecto dominó que acabaría, entre muchas otras consecuencias, limitando el acceso de los conductores a coches nuevos con motores térmicos.
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Esta normativa CAFE exige un máximo de emisiones de CO2 al total de vehículos producidos y comercializados por los fabricantes y, en caso de que se superen esos límites, prevé las corresondientes sanciones. El actual tope de emisiones que tienen que asumir las marcas de automóviles es de 115,1 gramos por kilómetro y, a partir del año que viene, la cifra bajaría a los 93,6 gramos de CO2. Las multas para algunos fabricantes podían ser multimillonarias.
Ante este escenario, la presidenta de la Comisión Europea ha decidido echar el freno. Según el último anuncio tras reunirse con el sector este lunes, Ursula von der Leyen ha decidido aprobar una prórroga de tres años para que los fabricantes puedan ir adaptándose a esos nuevos límites que, previsibilemente, sí que entrarán en vigor en 2029.
Si bien la posición de Bruselas había sido negar las prórrogas, alegando que los fabricantes eran conscientes de cuándo y cuánto bajarían los límites de emisiones de CO2, la “clara demanda de mayor flexibilidad en los objetivos de CO2” ha impulsado este cambio de mentalidad, según las palabras de von der Leyen.
Consecuencias de la normativa CAFE para los compradores
Sin esta prórroga, para no superar los límites de emisiones de CO2 que prevé la normativa CAFE y, así, evitar multas, los fabricantes y concesionarios deberían matricular cerca de 236.000 coches eléctricos de cara al próximo 2026, según Faconauto, la patronal de los concesionarios españoles.
A la hora de esquivar las multas de la Unión Europea, los fabricantes deberían vender menos coches de combustión a favor de los motores eléctricos y, para ello, una de las maniobras más claras es subir los precios de estos vehículos.
Las consecuencias negativas repercutirían directamente en quien quiere comprar un coche de combustión que, o bien acabaría pagando un precio más elevado, o bien pospondría la renovación del vehículo. Este segundo supuesto impactaría negativamente en la producción de vehículos de combustión, provocando pérdida de matriculaciones y generando un alto riesgo para el empleo, según Faconauto.
Reacciones a la prórroga de las multas
Obviamente, las declaraciones de Ursula von der Leyen, que están por matizarse este mismo miércoles, ha generado todo tipo de reacciones. La primera llega desde la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea) y la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (Clepa).
Ambas entidades urgen una revisión de la normativa CAFE para mantener la competitividad y que tenga en cuenta que los fabricantes ya han invertido cientos de miles de millones de euros, según su comunicado, en la electrificación de sus catálogos.
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Por otro lado, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E) ha calificado como “muy perjudicial” está decisión de prórrogar las multas por incumplimiento de los límites de emisiones a los fabricantes.
Entre otros motivos, T&E ha apuntado que “el debilitamiento de las normas de la UE recompensa a los rezagados y hace poco por la industria automovilística europea, salvo dejarla aún más rezagada con respecto a China”. Y es que, desde la organización, creen que esta prórroga “retrasará el aumento de la producción de vehículos eléctricos en Europa y eliminará la presión sobre la industria para que lance modelos (eléctricos) más baratos en 2025”.
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