Un sello de la DGT para coches seguros y otras ideas contra la siniestralidad

En medio de la precampaña electoral, varias entidades proponen llevar la seguridad vial a la campaña electoral del 23-J. Entre el griterío ideológico, piden a los partidos políticos que recojan en sus propuestas “un apartado dedicado a la seguridad vial” con acciones concretas para “hacer frente a los siniestros de tráfico y sus consecuencias”.

Estas asociaciones abogan por la “implicación institucional” y el “consenso político” para lograr la firma de un pacto de Estado por la seguridad vial. Además, dejan entrever el agotamiento del modelo actual de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El manifiesto lo respaldan la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), la Fundación Mapfre, la Asociación Española de la Carretera, el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial y la Fundación para la Seguridad Vial, que proponen también la creación de una agencia estatal de seguridad vial “con amplias facultades ejecutivas de coordinación interministerial”. Casi una DGT paralela, en la práctica. 

Un nuevo destino para la DGT

Como alternativa, los firmantes recomiendan reubicar la DGT en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Tráfico depende de Interior) y dotarla de mayor poder decisorio. De este modo, se facilitaría la coordinación con la Dirección General de Carreteras y supondría llevar por el mismo carril las actuales Estrategia de Seguridad Vial 2030 (dependiente de Interior) y Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (Transportes).

Entre 1960 y 2021 (último ejercicio con datos de la DGT consolidados), fallecieron en las carreteras españolas 299.126 personas y otro millón y medio resultaron heridas graves, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). El año pasado, además, se produjo un nuevo repunte en la siniestralidad: 1.145 personas murieron en las vías interurbanas, un 4% más que en 2019, antes de la pandemia.

Para frenar la tendencia,  estas organizaciones defienden atajar el problema desde todos los ángulos posibles. Esto incluye, por ejemplo, un protocolo de coordinación de siniestros viales, de manera que todos los servicios de emergencias trabajen igual en todo el territorio español. Y que la atención a un siniestro la presten los “primeros intervinientes” más cercanos, independientemente de la comunidad autónoma. 

El documento propone asimismo establecer un mecanismo de comunicación administrativa cuando se diagnostiquen enfermedades especial gravedad o cambios sustanciales en el estado de salud de los conductores. En el mismo terreno, se solicita revisar los protocolos de exámenes psicotécnicos para los automovilistas mayores de 70 o más años, dada alto nivel de siniestralidad.

Vehículos más seguros

Los autores del documento prestan atención también al estado de las carreteras y al del parque automovilístico. En cuanto a lo segundo, señalan la necesidad de rejuvenecerlo para revertir las cifras de fallecidos, “especialmente los atropellos de peatones y ciclistas en ciudad”. Si se extendieran los sistemas de ayuda a la conducción, podrían evitarse  2.650 fallecimientos y casi 15.000 víctimas graves desde ahora hasta 2038.

Así, además de pedir un plan estatal de renovación del parque, los firmantes plantean la creación de un “sello de vehículo seguro” gestionado por la DGT. De este modo, podría fomentarse la “discriminación positiva en el acceso a las ciudades”.

Respecto a las infraestructuras, la propuesta se centra en incrementar las dotaciones presupuestarias para la conservación de las carreteras. Asimismo, se sugiere potenciar un plan de carreteras 2+1, en las que cada sentido de circulación alterna la existencia de un carril adicional durante un número determinado de kilómetros. Con esta solución, se elimina el choque frontal como consecuencia de los adelantamientos.

Además de lo anterior, el texto recomienda que se dote de más recursos a los centros de educación para profundizar en la enseñanza de la formación vial. En el documento se solicita además formación especifica para aquellos que ya circulan por las calles. En concreto, los firmantes proponen “establecer a nivel estatal una formación mínima para ciclistas y usuarios de patinetes que no tienen ningún permiso de circulación”.

Y, como un punto también relevante, una de las peticiones es un aumento de las tareas de vigilancia y control del cumplimientos de las normas de tráfico.