La DGT y las policías locales inmovilizan miles de coches al año: estas son las razones

El Reglamento General de Circulación contempla una serie de situaciones en las que los agentes de tráfico pueden proceder a la inmovilización de un vehículo. Aunque muchas personas asocian esta medida con infracciones graves, lo cierto es que existen motivos diversos, algunos incluso sorprendentes, que pueden justificar esta actuación.

Uno de los casos más frecuentes es el relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas. Según el artículo 25 del reglamento, si el conductor da positivo en un control de alcoholemia o se niega a realizarlo, el vehículo puede ser inmovilizado de inmediato, salvo que otra persona habilitada se haga cargo de la conducción. Esta medida también se aplica en los test de estupefacientes, y su aplicación se ha intensificado desde 2020, cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) reforzó los controles en fines de semana y festivos.

Otro motivo menos conocido pero igualmente válido es la emisión excesiva de gases, humos o ruidos. El artículo 7 establece que si un vehículo supera los niveles permitidos, puede ser inmovilizado en el acto. Aunque los controles medioambientales no son tan frecuentes, en ciudades como Madrid y Barcelona se han incrementado desde 2023, coincidiendo con la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones.

Demasiados ocupantes en el coche

La sobrecarga de ocupantes también puede derivar en la inmovilización. Si el número de personas transportadas supera en un 50% las plazas autorizadas (excluida la del conductor), el vehículo no podrá continuar su marcha. Esta infracción, recogida en el artículo 9, se considera muy grave y ha sido motivo de intervención en operativos especiales durante eventos multitudinarios como festivales o partidos de fútbol.

Inmovilización por ITV caducada

Además, existen causas administrativas que pueden derivar en esta medida. Por ejemplo, la falta de seguro obligatorio, la ITV caducada o la existencia de una orden judicial. En estos casos, el vehículo puede ser inmovilizado hasta que se regularice la situación. Según datos de la DGT, en 2024 se registraron más de 12.000 inmovilizaciones por motivos administrativos en todo el país.

Finalmente, hay situaciones urbanas que también pueden derivar en la colocación de un cepo, como el estacionamiento prolongado en zonas reguladas o la ocupación indebida de plazas reservadas. En estos casos, la inmovilización suele ir acompañada de una sanción económica y, en ocasiones, del traslado al depósito municipal.

La normativa es clara: cualquier actuación que comprometa la seguridad vial, el respeto medioambiental o el cumplimiento administrativo puede justificar la inmovilización de un vehículo. Y los gastos derivados de esta medida —traslado, depósito y retirada— corren siempre a cargo del conductor o del titular del vehículo.