Bulos, politización y un reconocimiento europeo para la V-16, la baliza de la DGT que Vox y el PP también apoyaban

El fuego cruzado por la baliza V-16, obligatoria en España desde el 1 de enero para señalizar paradas de emergencia en la carretera, arreció en las redes en el último semestre de 2025, saltó después al Congreso de los Diputados y llegó al Parlamento Europeo convertida en arma política contra el Gobierno de Pedro Sánchez. No ocurrió nada. Bruselas apoyó la iniciativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) como ya lo había hecho tiempo atrás y las cosas volvieron a su sitio. Porque, aunque ahora no lo parezca, también el Partido Popular había estado a favor de la baliza. Incluso Vox aplaudió la idea. 

En este contexto, en medio de la primera Semana Santa con la V-16 en funcionamiento, lo que sigue es un somero repaso a la larga historia de la baliza (con más de 10 años de trayectoria) y a las fluctuaciones de opinión de algunos representantes públicos.

Empezando por el final, el último capítulo contra la V-16 en Europa se vivió hace unas semanas en la Comisión de Peticiones, una ventanilla de atención ciudadana a la que el Partido Popular quiso llevar sus dudas sobre si la obligatoriedad de la baliza era compatible con la legalidad europea. 

Se trataba de rascar una crítica comunitaria o, al menos, un ligero tirón de orejas al Ejecutivo de Sánchez. El argumento aportado fue que el Gobierno no comunicó en su día a Bruselas los requisitos técnicos del accesorio. La Comisión Europea reconoció esa laguna, pero no aclaró siquiera si la comunicación era necesaria. 

La V-16 y Europa

Esa omisión informativa no evitó una respuesta que el PP no quería oír: la obligatoriedad de la baliza V-16 no quebranta la normativa comunitaria porque no hay legislación común sobre los dispositivos de preseñalización de peligro en la carretera. Su uso “no está armonizado a nivel de la UE y, en su lugar, se aplican las normas de tráfico nacionales de los Estados miembros”, expresó el vicepresidente de la Comisión para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Sejourné. Y la Convención de Viena de Seguridad Vial de 1968 ampara a los automovilistas cuando, fuera de sus fronteras, llevan el accesorio que rige en su país, ya sea el triángulo o, para los conductores españoles, la baliza.

La postura europea respecto a la luz de emergencia V-16, en definitiva, es que España es un “campeón de la seguridad vial” que tiene una tasa de 35 víctimas por millón de habitantes en carretera, frente a la media de 44 en el conjunto de la UE, y que la decisión de implantar el dispositivo es correcta.

Aun así, la eurodiputada popular Elena Nevado la criticó con dureza y aseguró que el Gobierno de España ha “impuesto un dispositivo que nadie más necesita en Europa” y que genera “enormes gastos, confusión y muchas dudas jurídicas entre los españoles”. Pero no siempre ha pensado así.

Siete meses antes, solo siete, Nevado había registrado esta pregunta en el Parlamento Europeo: “¿Está considerando la Comisión una armonización normativa a nivel europeo que sustituya el uso del triángulo de señalización por alternativas tecnológicas más seguras, como la ya implementada en España?”. 

La eurodiputada popular asumía como propios varios argumentos que la DGT utiliza con frecuencia. Por ejemplo: “En caso de accidente o avería en autopistas y autovías, los conductores deben descender del vehículo y colocar, a 50 metros de distancia, el triángulo de señalización, lo que les expone innecesariamente al tráfico”, decía su pregunta. 

Y más: “El dispositivo luminoso y conectado V-16 permite señalizar eficazmente la posición del vehículo sin necesidad de que el conductor abandone el automóvil”. De este modo, insistía Nevado, “se reduce considerablemente el riesgo de atropellos”.

Su compañero de partido Borja Giménez Larraz había preguntado lo mismo a la Comisión en marzo con un razonamiento similar: la colocación de los “triángulos en la vía genera más peligro del que reduce”. La respuesta para ambos casos fue casi calcada: “La Comisión ha asumido el compromiso de mejorar la seguridad vial y toma nota de la próxima introducción en España de un dispositivo de señalización luminosa”, pero la Unión “no regula las normas de tráfico”.

Vox: a favor y en contra de la baliza V-16

También experimentó vaivenes argumentales el diputado de Vox Francisco José Alcaraz, que subió a la montaña rusa en junio de 2025 y se apeó en noviembre. Antes del último verano, exigió en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso “el impulso a la conectividad y el uso de tecnologías innovadoras como la baliza V-16, los conos inteligentes o la señal WLOT, integrados en la plataforma DGT 3.0” para garantizar la seguridad de los trabajadores de conservación de carreteras.

Pero llegó noviembre y, en plena efervescencia popular contra los dispositivos luminosos, Alcaraz escogió su otra opinión disponible, justo la contraria. “[La V-16] es un problema donde ustedes vuelven a meter la mano en el bolsillo de los españoles para saquearlo”, sostuvo en el Congreso.

Son dos ejemplos de los ataques recibidos por la baliza V-16, a los que se han sumado decenas de memes, bulos sobre la supuesta inconstitucionalidad de su imposición y críticas, en general, por su baja visibilidad en la carretera.

La DGT, entre tanto, mantiene su apuesta por este accesorio. En su última intervención sobre la materia en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la defendió con vehemencia. “No estamos hablando de decisiones aleatorias ni de medidas improvisadas, sino de salvar vidas”, resumió Marlaska. A su juicio, es “fácil, fiable y seguro” y minimiza riesgos en la carretera.

“Una vez más, nuestro país se sitúa como referente en sus políticas de seguridad vial”, subrayó el ministro. Con estas palabras, Marlaska estaba apoyando, en el fondo, un proyecto nacido bajo el paraguas de un Gobierno del Partido Popular.  

En 2014 se dio el primer impulso a un nuevo protocolo de auxilio en vías públicas con la previsión de desarrollar reglamentariamente estos servicios, tal y como quedó escrito en el artículo 51 de la ley de tráfico mediante la aprobación de la Ley 6/2014, hoy derogada. En diciembre de 2017, con Gregorio Serrano como director general de Tráfico, el Ministerio del Interior del popular Juan Ignacio Zoido abrió la consulta pública previa al proyecto de real decreto en el que se plasmaría el nuevo reglamento. En ese mismo expediente ya quedó documentado el planteamiento de sustituir el triángulo por un dispositivo luminoso amarillo colocable sin salir del vehículo.

Siete años más tarde, con varias convocatorias electorales de por medio y el regreso de Pere Navarro a la DGT, la aprobación del real decreto 159/2021 sirvió para regular los servicios de auxilio en las vías públicas e introducir las luces V-16 en la normativa por primera vez. El texto se corrigió un año después con una referencia a la luminosidad de las balizas: “Habiéndose iniciado la elaboración de la norma en el año 2017, el umbral de intensidad luminosa previsto en la misma es excesivamente reducido considerando las actuales capacidades técnicas y es necesario ampliarlo”, se justificó en el real decreto 1030/2022.

Una vez aprobados los requisitos exigidos para la certificación en esta norma, la V-16 recibió un nuevo espaldarazo. La luz de emergencia y la plataforma DGT 3.0, que gestiona la información del tráfico en tiempo real, fueron elegidas entre los finalistas para el Premio Europeo a la Excelencia en Seguridad Vial en 2023.

“Hemos sido los primeros en implantar esta medida, pero algunos países europeos están a la espera del resultado de la iniciativa española para incorporarla a sus códigos de circulación. Y os recuerdo que el Reino Unido y Luxemburgo han suspendido el uso de los triángulos en autopista por su peligrosidad”, enfatizó Marlaska cuando, en enero, presentó las cifras de siniestralidad de 2025.

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La DGT registra unas 2.700 activaciones diarias del dispositivo, a pesar de que un elevado número de automovilistas no lo tienen todavía y una amplia mayoría lo rechaza. Un 15% de los conductores no ha comprado la baliza y el 83% la desaprueba como medida de seguridad, según una encuesta de la Fundación Línea Directa, pero la DGT sigue confiando plenamente en que ayude a reducir el número de atropellos en las carreteras interurbanas. 

Unas 25 personas mueren cada año después de haber bajado de sus vehículos, ha recordado Marlaska en varias ocasiones, “muchos de ellos para colocar los triángulos de emergencia”.