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Las multas de tráfico generan miles de recursos cada año en España. Sin embargo, muchos conductores desconocen que algunas sanciones pueden presentar defectos formales capaces de terminar con su anulación.
Durante una conversación con EL MOTOR, el abogado especializado en derecho penal Miguel Ángel Mejías, abordó algunas de las dudas más frecuentes, explicando que determinadas multas por exceso de velocidad pueden ser recurribles cuando la documentación aportada por la Administración no cumple todos los requisitos exigidos por la normativa.
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Aunque la situación ha evolucionado con los años, sigue siendo un aspecto que merece una revisión detallada en cada expediente. “No todas las fotografías sirven para justificar una multa”, explica Mejías.
Y es que en determinados radares automáticos que funcionan sin la presencia directa de un agente, la normativa exigía tradicionalmente la existencia de dos fotos que acreditaran correctamente la infracción.
El problema surgía porque algunas administraciones, en lugar de aportar dos imágenes diferentes, utilizaban una fotografía original y una simple ampliación de esa misma toma para intentar cumplir formalmente el requisito. “Si eso ocurre, esa prueba puede resultar nula”, señala el abogado.
Aunque la regulación ha ido adaptándose y actualmente depende en gran medida del tipo de radar utilizado, Mejías asegura que todavía existen procedimientos en los que la prueba gráfica continúa siendo uno de los puntos más importantes de la defensa.
No son los únicos cuestionados
Durante la entrevista también abordó los conocidos sistemas de control semafórico o ‘foto-rojo’. Estos dispositivos captan imágenes de vehículos que atraviesan un cruce cuando el semáforo se encuentra en fase roja. Según explica, algunas sanciones vinculadas a estos sistemas fueron anuladas en el pasado debido a problemas relacionados con la verificación y control de determinados equipos.
Por ese motivo insiste en que cada procedimiento debe estudiarse individualmente. “No se trata de decir que todas las multas son recurribles, sino de comprobar si la Administración ha cumplido correctamente con todas sus obligaciones”, señala.
El error en un control de alcoholemia
Verse envuelto en un control de alcoholemia genera siempre incertidumbre. Y en este sentido, cuando se le pregunta cuál es el mayor error que puede cometer un conductor durante uno, su respuesta es inmediata: “Negarse a realizar la prueba».
Mejías explica que existe la falsa creencia de que no soplar puede evitar problemas al conductor. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. La negativa puede convertirse en un delito penal que acarree consecuencias mucho más graves que una simple sanción económica.
Los derechos de los conductores
El abogado también recuerda que quienes son sometidos a controles de alcohol o drogas cuentan con diversas garantías legales.
Entre ellas figura la realización de una segunda prueba, el derecho a solicitar una prueba de contraste y el derecho a no confesarse culpable ni declarar contra sí mismo. Precisamente este último aspecto suele generar numerosos problemas.
Según explica, algunos conductores responden a preguntas sobre cuándo consumieron alcohol o sustancias sin ser plenamente conscientes de las implicaciones que pueden tener esas declaraciones. “Nadie está obligado a incriminarse a sí mismo”, recuerda.
Tras años dedicándose a la abogacía, Miguel Ángel reconoce que una de las mayores satisfacciones de su profesión llega cuando consigue demostrar que una sanción no debía haberse impuesto, especialmente cuando el conductor ha sido acusado injustamente o cuando la Administración no ha cumplido correctamente con los requisitos exigidos por la ley.
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