En 2020, durante su campaña electoral, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya adelantó su plan de “desplegar una oferta asequible de vehículos eléctricos mediante unos mecanismos de leasing para ayudar a las familias con economías más modestas”.
La promesa se va a cumplir a partir de otoño, cuando el Gobierno abra el plazo de reserva para acceder a este ventajoso alquiler. Así, los ciudadanos podrán acceder a la movilidad electrificada por una tarifa de 100 euros mensuales.
El anuncio lo ha oficializado la primera ministra Élisabeth Borne, que ha fijado esa fecha aproximada para que los ciudadanos comiencen a cumplimentar su solicitud. Recibirán sus coches en 2024.
Ayudas oficiales
La medida supone un mecanismo complementario que se suma a las ayudas oficiales ya existentes a la compra de un coche eléctrico. Ayudas que se centran sobre todo en modelos populares con un precio entre los 35.000 y 40.000 euros, y que han hecho eclosionar las ventas de este tipo de vehículos en el mercado galo.
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Con el nuevo plan de arrendamiento de coches eléctricos, el Gobierno francés espera poner en circulación unos 100.000 coches sin emisiones cada año. Y añade que, en los criterios de selección, se favorecerá a los profesionales sanitarios, los jóvenes y la gran mayoría de ciudadanos que, aunque quieran, por sus ingresos no pueden dar el paso al vehículo eléctrico.
Se trata de una fórmula avalada por el Estado y que permitirá a los particulares acceder a un coche eléctrico por un precio razonable. Resulta mucho más atractiva que las ofrecidas por las marcas. Estas rentan sus vehículos bajo condiciones más estrictas y al cabo de tres o cuatro años penalizan al cliente.
Sólo para coches producidos en la UE
Y el plan del Gobierno francés va más allá, porque no solo pretende ayudar a los ciudadanos a beneficiarse de la movilidad electrificada. También plantea que los coches arrendados estén producidos en la Unión Europea para proteger a la industria de la creciente invasión de modelos asiáticos o americanos.
En teoría, es una medida que va a favorecer la transición energética para una mayoría de ciudadanos que no pueden pagar los elevados costes de los vehículos eléctricos.
Su ejemplo podría extenderse a otros países de Europa, como España, que no consigue hacer despegar en la electrificación del automóvil. El mercado acumula ya un retraso importante respecto a los más avanzados en esta urgente transición energética del transporte.
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