Casi la mitad de las multas que llegan a los tribunales no se pagan o se abonan solo parcialmente: aumentan las resoluciones judiciales que dan la razón a los automovilistas y anulan las sanciones impuestas por la Dirección General de Tráfico. Como contrapartida, el número de recursos de este tipo ha descendido en los últimos años, según recoge un estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
El informe de AEA señala que desde 2001 la DGT ha formulado 70 millones de denuncias en las carreteras de su jurisdicción (quedan fuera las del País Vasco y Catalunya, con competencias propias en la materia), con una recaudación que ronda los 6.500 millones de euros.
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Durante este periodo las sanciones se incrementaron un 122% y de las 2.105.024 denuncias formuladas en 2001 se llegó a 4.684.286 sanciones en 2019, a pesar de que el parque creció en menor proporción (42%). El informe deja fuera las cifras de 2020, viciadas en buena medida por la reducción del número de movimientos a causa de las restricciones: el año pasado la cifra de denuncias no alcanzó los cuatro millones.
Más descuento, menos recursos
Los recursos judiciales planteados por los ciudadanos, sin embargo, son cada vez menos habituales. La asociación de defensa de los conductores establece como punto de inflexión la reforma de la Ley de Seguridad Vial de 2009, en la que “se redujeron las posibilidades de defensa de los ciudadanos y se aumentó el descuento por pronto pago”.
La bonificación por abonar la multa antes de 20 días (tras su notificación) aumentó entonces del 30% al 50%, y además desde ese momento acogerse al descuento obligaba a renunciar a un posible recurso. Según recoge AEA, en 2019 el 64% de los conductores prefirió beneficiarse del descuento y olvidarse de las alegaciones.
Por otra parte, el proceso de recurso no resulta sencillo. En primer lugar hay que agotar la vía administrativa, ya que no se puede ir a juicio desde el primer momento. Llegado el caso, para acudir a los tribunales es obligatorio pagar la multa (para evitar un recargo posterior del 20%), contratar un abogado y asumir que el recurso se interpone en instancia única. La decisión del juez es inapelable, ni siquiera ante el Tribunal Supremo. “En el mejor de los casos, anulan la multa, devuelven los puntos, pero no recuperes el dinero del abogado porque lo común es que no se condene en costas a la DGT”, resume Arnaldo.
El número de recursos judiciales desciende, pero los casos de éxito aumentan. El estudio compara dos periodos concretos: entre 2011 y 2016 se registraron en los juzgados 26.912 casos (4.485 al año como promedio), con un 35,36% de sentencias favorables a los conductores, mientras que entre 2017 y 2020 los litigios fueron 14.804 (4.701 al año), con un porcentaje de éxito del 49%. Según el informe, las multas que se anulan más habitualmente son aquellas que se refieren a excesos de velocidad, ya que “no se está aplicando correctamente el margen de error de los radares”.
Cuatro aspectos clave sobre las multas
¿Cómo y cuándo hay que recurrir? En ocasiones, la apreciación de los hechos por parte del agente de la autoridad puede ser errónea y también pueden producirse errores técnicos o incluso de interpretación de alguna norma. Eso sí, cuanto menos obvio y más técnico sea el motivo, más necesario será buscar asesoramiento. ⇒ Más información
¿Tienen fecha de caducidad las sanciones de tráfico? Los plazos son diferentes si se trata de la comunicación de una infracción o de la ejecución de una sanción. Así es cómo el tiempo puede jugar a favor del denunciado. ⇒ Más información
¿No sabe si le han multado? Una consulta al Tablón Edictal de Sanciones (TESTRA) permite a los conductores averiguar si tienen una infracción sin pagar y evita un proceso burocrático que se repite muy a menudo y que casi siempre termina mal. ⇒ Más información
Cómo actuar si Hacienda reclama una multa. Recibir una providencia de apremio para proceder al cobro de una sanción de tráfico que no ha sido previamente notificada es bastante común. Las administraciones utilizan este sistema pasando por alto la obligatoriedad de informar al propietario del vehículo –por una carta certificada en el domicilio o una comunicación en la Dirección Electrónica Vial (DEV)– de la existencia de una multa. ⇒ Más información
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Periodista especializado en seguridad vial. Editor y redactor de El Motor desde 2016. Empezó a escribir de fútbol en 1998 en Diario 16 y ha trabajado en varios proyectos de Prisa Media desde 2000. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, es autor de ‘Aquí no se rinde ni Dios’ (2020).