Los motociclistas forman parte del colectivo de usuarios vulnerables de la carretera y su creciente siniestralidad preocupa a la Dirección General de Tráfico (DGT) desde hace años. En 2023, último año con datos consolidados, fallecieron 455 motoristas, 42 más que el año anterior: las motos representan el 15% del parque de vehículos en España y, sin embargo, el número de muertes sobre dos ruedas supera el 25%.
Una de las medidas previstas por la DGT es el impulso de los chalecos airbag, que los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ya utilizan por seguridad y con carácter ejemplarizante, y que serán obligatorios durante los exámenes para obtener el permiso A desde el 1 de julio de 2025. El objetivo es que, poco a poco, se extienda su uso. Esta prenda reduce las lesiones graves en un porcentaje superior al 60%.
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Con esta base, el parlamento uruguayo analiza un proyecto de ley que propone el uso obligatorio de chalecos airbag para todos los trabajadores que utilicen motocicletas como herramienta de trabajo, tanto en el sector público como privado. Esta medida cuenta con el respaldo de expertos como Ramón Ledesma, consultor de Impulso by Pons y subdirector de Normativa de la DGT en 2006, cuando Tráfico puso en marcha el carnet por puntos.
El chaleco airbag, como el casco
Uruguay registra datos de siniestralidad entre los motoristas especialmente negativos, ya que registran casi la mitad de las muertes por siniestros viales. Con una población aproximada de 3,5 millones de habitantes, en 2024 fallecieron 434 personas en accidentes de tráfico; 213 de ellas eran motociclistas. Además, el 64,9% de los lesionados en accidentes circulaban en moto.
“La motocicleta se ha convertido en el gran reto global de la seguridad vial: representa el 21% de los fallecidos en el mundo, a pesar de su escasa proporción en el total de kilómetros recorridos. Es una solución de movilidad imprescindible, pero también uno de los mayores focos de riesgo. En este contexto, el chaleco airbag irrumpe como una herramienta clave. Como ocurrió con el casco hace décadas, su incorporación será progresiva y desigual, pero su implantación parece inevitable”, analiza Ledesma.
El proyecto, todavía pendiente de votación, establece que el chaleco deberá cumplir con normas internacionales (como la EN1621) y que su compra se beneficiará de incentivos fiscales. También se prevé una campaña de concienciación de 12 meses y un sistema de vigilancia para garantizar su uso por parte de los motoristas profesionales.
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