Por qué las multas de los drones de la DGT podrían no ser válidas

La Dirección General de Tráfico puso en marcha el 1 de agosto la segunda fase de la Operación Especial Verano, ese mismo día los nuevos drones de control empezaron a multar y ya ha surgido la primera polémica. La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) pone en duda la legalidad de las multas que Tráfico pueda emitir basadas en las imágenes captadas por las aeronaves.

En particular, AEA cuestiona la validez de las sanciones “si las infracciones no son observadas directamente por agentes de la Guardia Civil y pueden ser objeto de impugnación por no reunir las necesarias garantías jurídicas”.

La asociación presidida por Mario Arnaldo reacciona así, según indica en un comunicado de prensa, porque la DGT pretende equiparar las denuncias cuyas infracciones han sido observadas por agentes de la autoridad con aquellas que han sido constatadas “por empleados públicos de la Unidad de Medios Aéreos de DGT (UMA)” o incluso las captadas “por medios técnicos automatizados”, como ocurre en el caso de las infracciones captadas por cámaras por no llevar el cinturón o hablar por el móvil.

La clave reside en la presunción de veracidad. En opinión de AEA, solo gozarían de ella las infracciones formuladas por observación directa de los agentes de la Guardia Civil y no por los funcionarios de la DGT, por cuanto son los únicos que tienen la condición de agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico.

La DGT informó en su momento de que cuenta en la actualidad con 11 de estas aeronaves, tres de ellas ya certificadas por el Centro Español de Metrología, que son las que empezaron a operar plenamente este mes (las tres en Canarias). Las infracciones captadas pueden comunicarse en el acto por un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o posteriormente por notificación electrónica o correo certificado, siempre acompañadas por una imagen que demuestre la infracción. Los ochos drones restantes siguen utilizándose para la regulación y control del tráfico a la espera de esa homologación.

Sin embargo, AEA sostiene en su nota que “ningún dron está sometido a ningún control técnico que certifique su correcto funcionamiento conforme a la Ley de Metrología”, y añade que “las pruebas metrológicas a las que según la DGT se han sometido estos aparatos sólo tienen carácter de ensayos voluntarios de equipos que no garantizan ni su buen funcionamiento ni la inalterabilidad de las imágenes”.

Puestos con contacto con el departamento de comunicación de la DGT, en el momento de publicar esta información no ha respondido a las preguntas de EL MOTOR sobre el comunicado de Automovilistas Europeos Asociados. La organización aplaude el uso de drones para regular la circulación, pero también anima a la DGT a “promover una mayor presencia física de la Guardia Civil en la carretera, devolviéndole el protagonismo que le corresponde para mejorar la seguridad vial”, en lugar de utilizar “sistemas de captación de imágenes de dudosa legalidad”.