¿Qué le pasa a un conductor si se marcha sin pagar la gasolina?

Dejar de pagar el importe de un bien o servicio, en este caso la gasolina, puede llegar a considerarse un delito de estafa. Dentro del ordenamiento jurídico español, es un delito de resultado doloso, puesto que supone un daño que se puede evaluar económicamente.

La estafa se considera un delito leve si no se superan los 400 euros. En ese supuesto, la pena es de una multa que puede ir desde uno a los tres meses. Por su parte, cuando concurren circunstancias agravantes, se castigan con pena de prisión entre uno y seis años y multa de seis a doce meses.

Las gasolineras, sin embargo, no son el mejor sitio para cometer delitos, ya que cuentan con un sistema de cámaras de seguridad que graban permanentemente durante las 24 horas. No es muy complicado que, tanto el malhechor como su vehículo, queden retratados. Además, los encargados de las estaciones de servicio están obligados por ley a denunciar a cualquier cliente que se dé a la fuga sin pagar.  

Caída del sistema

Dos veces en los últimos días, cualquier usuario que ha querido pagar con tarjeta o mediante Bizum no ha podido hacerlo. La caída del sistema de transmisión de pagos, Redsys, ha impedido a millones de clientes efectuar sus pagos. Redsys sirve de intermediario a más de 60 bancos, entidades de crédito y cajas de España. Así mismo, permite los pagos telefónicos, por mail y SMS.

Aunque su principal especialización la convirtió en una de las plataformas de pago más reconocidas para gestionar compras en Internet, ha ampliado su negocio más allá del mundo electrónico, puesto que también cuenta con datáfonos en tiendas físicas, hostelería, cajeros de bancos, supermercados, gasolineras, etc.

¿Qué hacer si no se puede pagar la gasolina?

Ante esta disyuntiva, ya sea por la caída del sistema que gestiona los pagos con tarjeta, porque no se lleva encima la cartera, por despiste, etc. es vital conocer lo que sucede si no se puede abonar la gasolina y, por supuesto, que lo último que se le pase por la cabeza al conductor es salir corriendo sin abonar el importe.

En una estación de servicio de la compañía Repsol han explicado a EL MOTOR la forma de proceder si un usuario no puede pagar la gasolina que ha echado en el depósito de su vehículo. Para ello, las gasolineras disponen de unos formularios denominados “Reconocimiento de deuda”.

Reconocimiento de deuda

En ellos viene impresos diversos campos que se deben rellenar. Los más importantes son el nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto del cliente. Además de los datos del vehículo, como marca, modelo y matrícula. Con esta información la estación ya tiene fichado al conductor y puede proceder contra él en caso de que no se abone la cuantía.

Los últimos campos que se deben rellenar son el importe de la gasolina repostada —con fecha y hora— la imposibilidad del pago en esos momentos y el resarcimiento de la deuda. Para ello, la estación de servicio marca la vigencia que tiene el usuario para resarcir la deuda, normalmente 24 horas, y la forma de pago. Si trascurrido ese tiempo no se ha subsanado el monto, la gasolinera denunciará al cliente.

Despistados y reincidentes

También existe también la figura de los ‘despistados’. Gente normal y corriente que tras llenar el depósito sale de la gasolinera sin pasar por caja, la mayoría de las veces sin querer. Desde el año 2015, estas conductas, que con anterioridad estaban tipificadas como falta, se han convertido en un delito leve con las consecuencias penales antes expuestas.  

Los despistes también puede resultar caros, porque, aunque en el juicio se consiga demostrar la falta de intención, la multa se mantiene. Además, hay que tener en cuenta el tiempo empleado durante la demanda y el dinero gastado en el asesoramiento jurídico.

La reincidencia en este tipo de delitos acarrea consecuencias más graves. Cuando un acusado cuenta con tres condenas en firme por un delito leve de estafa, se le acusa de un delito grave. Más allá de las multas y la cuantía por la responsabilidad civil de lo defraudado, las penas a las que se enfrenta son de entre 1 y 6 años de prisión, dependiendo de las circunstancias en las que se hayan cometido los fraudes.