La decisión de la Generalitat sitúa a Cataluña a contracorriente de una medida que convertirá a España en pionera dentro del continente europeo. Mientras que en Europa el uso del arcén sigue siendo un santuario exclusivo para las emergencias y solo estados norteamericanos como Hawái han legislado a favor de las dos ruedas en los márgenes de las autopistas, el nuevo marco estatal de la DGT buscaba abrir una vía inédita en la movilidad comunitaria.
Al vetar esta flexibilización, Trànsit se alinea con la estricta doctrina de países como Francia o Alemania, consolidando una brecha normativa que no solo rompe la unificación vial dentro de las fronteras españolas, sino que frena en seco un experimento de fluidez urbana que el resto del país estrenará en otoño próximo.
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Y es que el próximo 1 de octubre se perfilaba como una fecha histórica para las motos en España. Tras años de demandas, el nuevo Reglamento General de Circulación (RGC) introduce una medida largamente esperada: la legalización del avance de motocicletas por el arcén en situaciones de congestión extrema. Sin embargo, el mapa de la movilidad se ha fracturado antes de estrenarse.
Cataluña ha decidido desmarcarse por completo de la directriz estatal. La negativa autonómica ha caído como un jarro de agua fría entre los motoristas catalanes, abriendo una profunda brecha entre los usuarios y la administración.

El portazo de Trànsit a la norma nacional
El detonante del conflicto se produjo en una rueda de prensa organizada por el Real Automóvil Club de Catalunya (RACC). Allí, Ramon Lamiel, director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), confirmó los peores presagios del colectivo. A pesar del inminente paraguas legal que ofrecerá el Gobierno central, el organismo autonómico ha optado por no aplicar la medida en su red viaria. Una decisión de peso tomada en común acuerdo con los Mossos d’Esquadra y la Conselleria de Interior.
La norma estatal cuenta con limitaciones muy específicas para garantizar la seguridad vial. Se prevé que las motos puedan circular por el arcén derecho solo en tramos previamente autorizados y señalizados. Además, deberá hacerse exclusivamente cuando haya congestión, a una velocidad máxima de 30 km/h, en fila de uno y sin interferir con los vehículos que tengan prioridad. No es un cheque en blanco. Es una regulación estricta. Pero para Trànsit, no es suficiente.

Seguridad vial frente a agilidad urbana
Lamiel ha justificado este veto amparándose en “diferentes análisis y medidas” vinculados estrictamente a la seguridad en carretera. Desde la perspectiva del SCT, los arcenes no son carriles de circulación improvisados, sino una infraestructura clave y vital para gestionar incidencias, averías y accidentes graves.
“El espacio del arcén debe quedar totalmente libre para los servicios de emergencia, especialmente en los accesos a las grandes urbes donde se concentran las mayores retenciones”, argumentan desde Trànsit.
Esta postura choca frontalmente con la realidad diaria de miles de conductores en los accesos a Barcelona y a otras grandes ciudades catalanas. Para el colectivo de las dos ruedas, la decisión supone perder una ventaja competitiva de movilidad urbana que penaliza la fluidez y los expone a mayores riesgos al quedar atrapados entre coches parados.

Un colectivo indignado por el agravio comparativo
La reacción de los usuarios de motos catalanes ha sido inmediata y contundente. El malestar no solo radica en la pérdida de una medida que consideraban de sentido común para aliviar el tráfico, sino en el caos normativo que genera.
A partir de octubre, un motorista que cruce la frontera entre Aragón y Cataluña pasará de la legalidad a la sanción en cuestión de metros. Los usuarios denuncian una alarmante falta de unificación en el territorio español, argumentando que se les vuelve a criminalizar en lugar de ofrecer soluciones adaptadas a la vulnerabilidad de su conducción.
El pulso está echado. Mientras el resto de España se prepara para testar una circulación por el arcén más segura, regulada y ordenada, las carreteras catalanas mantendrán la prohibición absoluta. El debate sobre si el arcén es una vía de escape necesaria para la moto o un espacio exclusivo para las emergencias sigue más vivo que nunca. Lo único seguro es que el descontento social irá en aumento si las retenciones no dan tregua en otoño.
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