Cuatro años después de la desaparición de los históricos peajes de la AP-7 y la AP-2, Cataluña propone un giro radical en su política de movilidad. La Generalitat ha abierto oficialmente el debate sobre la recuperación del pago por uso en las autopistas y autovías de alta capacidad y ya maneja un horizonte de entre dos y tres años para implantar el nuevo modelo.
El cambio de posición llega tras varios años de incremento del tráfico, congestión recurrente y aumento de la siniestralidad, especialmente en la AP-7, convertida desde 2021 en el principal corredor gratuito de transporte por carretera del litoral mediterráneo.
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El propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reconoció recientemente en el Parlament que la eliminación de los peajes pudo haber sido un “error”, un diagnóstico que ha sido respaldado posteriormente por responsables del área de Movilidad y Territorio.
La propuesta todavía se encuentra en fase embrionaria, pero el mensaje político es cada vez más claro. El secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, ha defendido públicamente la necesidad de recuperar algún sistema de tarificación en las vías de alta capacidad. “Si estamos de acuerdo, podríamos tenerlo en dos o tres años”, explicó en una entrevista en SER Catalunya.
Atascos en la AP-7
La intención del Govern no pasa únicamente por volver a cobrar en la AP-7. El planteamiento abarca prácticamente toda la red de grandes corredores viarios catalanes, incluyendo la AP-2, la C-16, la C-14, la C-12, el Eix Transversal y otros ejes estratégicos para el transporte de mercancías y los desplazamientos de largo recorrido.
Desde la Generalitat se argumenta que la gratuidad ha tenido consecuencias no previstas. Entre ellas, una fuerte concentración del tráfico pesado en determinados corredores. Según Nadal, cuando existían peajes los camiones se distribuían de manera más equilibrada entre las distintas infraestructuras, mientras que la actual situación ha convertido a la AP-7 en una vía sometida a una presión constante.
Los datos manejados por el Govern apuntan a que la autopista soporta diariamente decenas de miles de camiones en algunos de sus tramos más transitados. La elevada intensidad de circulación se ha traducido en frecuentes retenciones y numerosos siniestros que han provocado largas interrupciones del tráfico durante los últimos meses.
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La recuperación de los peajes también se plantea como una herramienta de financiación. El Ejecutivo catalán sostiene que el mantenimiento de la red viaria requiere inversiones crecientes y que la desaparición de los ingresos procedentes de las concesiones ha reducido los recursos disponibles para conservar y mejorar las carreteras.
Respecto al modelo de peaje, entre las opciones analizadas figura un sistema similar al portugués de ‘free flow’ (y que ya se utiliza en Gipuzkoa para los vehículos pesados, por ejemplo), basado en pórticos inteligentes capaces de identificar la matrícula del vehículo y facturar automáticamente el trayecto realizado. También se ha valorado la posibilidad de implantar una euroviñeta o tarifa plana, aunque esta fórmula genera dudas por las limitaciones regulatorias europeas previstas para los próximos años.
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Otro de los aspectos clave será la coordinación con el Gobierno central. La Generalitat insiste en que ese hipotético pago por uso debería aplicarse de manera homogénea en toda España para evitar agravios territoriales y desvíos de tráfico. “Sería incomprensible que los camioneros circulasen libremente por toda España y que, cuando entraran en Cataluña, se les hiciera pagar”, expresó Nadal.
Después de estas palabras reaparece, al menos como runrún de fondo, la idea del pago por uso en las autovías, un melón abierto en 2021 y que ya parecía olvidado. El fundamento de esta propuesta era mejorar la conservación de la red viaria, e incluso el el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a ellos con Bruselas para recibir el quinto pago de los 70.000 millones de fondos europeos concedidos por la pandemia. El estallido de la guerra de Ucrania transformó el contexto y los peajes de las autovías desaparecieron en 2024 del proyecto de ley movilidad, aprobada en 2025.
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