La polémica por los 230 coches eléctricos nuevos de la Guardia Civil

La Guardia Civil acaba de adquirir 230 coches 100% eléctricos, con el objetivo de modernizar y “electrificar” el parque móvil del instituto armado.

Este proceso ha sido tildado de “chapuza” por diferentes asociaciones de la Guardia Civil como una chapuza, ya que, según ellos, los responsables del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transición Ecológica no han previsto oportunamente que estos vehículos necesitan cargadores donde enchufarlos.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha manifestado su postura en su cuenta de Twiter oficial: “Desde AUGC apostamos por vehículos que sean respetuosos con el medio ambiente pero se nos presentan muchas dudas e incertidumbres sobre la adjudicación de estos vehículos eléctricos. Tendremos que estar atentos a las características de los vehículos eléctricos que van a recibir las unidades, (autonomía, velocidad, mantenimiento) y si esas unidades estarán adaptadas para los vehículos ya que, en la actualidad existen muchas instalaciones obsoletas”.

Por su parte, la Guardia Civil ha emitido una nota oficial respecto a la situación de todos estos coches, alegando que se encuentran en proceso de distribución a las unidades.

Y añade: “En la actualidad, todos los vehículos eléctricos asignados a distintas unidades de la Guardia Civil cuentan con diferentes posibilidades de recarga, mediante puntos habilitados, tarjetas de recarga y cargadores portátiles adaptables. En esta Dirección General no consta que ningún vehículo eléctrico esté parado por no disponer de posibilidades de recarga”.

Al parecer, y aunque como sostiene el cuerpo armado no haya problemas de recarga, el presupuesto necesario para desarrollar la infraestructura de recarga, proveniente de la Unión Europea, fue puesto a disposición de la Guardia Civil a finales de mayo de 2022, pero la instalación no se adjudicó a Orange hasta diciembre de 2022.

Esto hizo imposible destinar los fondos a desarrollar este proyecto en 2022, año en que estaba previsto instalar el 50% de los cargadores necesarios. Será en 2023 cuando comenzará la actuación para completar esta necesaria logística.

En total, el año pasado tendrían que haberse instalado 1.064 puntos de recarga en varias comunidades y localidades. Se habían presupuestado, en una primera fase, casi cinco millones de euros. En 2023, se tenían previstos otros 1.136 puntos de recarga con un coste de casi 4,8 millones de euros.

Autonomía escasa

La problemática de estos coches va más allá de la supuesta falta de cargadores, algo que se solventará con el tiempo. Las asociaciones que han calificado esta contratación de inoportuna también consideran poco operativos este tipo de vehículos 100% eléctricos, sobre todo por su autonomía, que se sitúa entre 250 y 300 kilómetros.

Además, este alcance es muy sensible a su tipo de uso. Por ejemplo, en una persecución a gran velocidad, el rango de actuación se puede reducir tan repentina y drásticamente que podría dejar inmovilizados a los agentes en un momento dado, con los riesgos e inconvenientes que eso supone.

Y no solo en una persecución, sino que, en una patrulla rutinaria en la que la carretera tenga pendientes pronunciadas, también se reducirá la autonomía de forma clara, con lo que los agentes tendrán que estar muy atentos para poder volver al cuartel a cargar el vehículo. A no ser que cuenten, como dice la propia Guardia Civil, con cargadores portátiles.

Los coches parados de la Guardia Civil

La Guardia Civil cuenta con 230 nuevos Nissan Leaf de motor eléctrico y, además de estos, otros 150 Renault Arkan microhíbridos. El valor total de estos vehículos asciende a los 12,5 millones de euros.

Los Nissan tienen un motor eléctrico de 40 kW con una autonomía de 270 kilómetros y etiqueta Cero de la DGT. Han sido adjudicados por un importe de casi 7,9 millones de euros.

Por su parte, los modelos de Renault cuentan con motor de gasolina de 140 CV microhíbrido y distintivo ambiental ECO. Han sido adjudicados por un importe próximo a los 4,6 millones de euros.

A las nuevas adquisiciones se unen a los 184 vehículos eléctricos que se adquirieron durante los años 2020 y 2021 y que “están prestando servicio en unidades fiscales, cabeceras de comandancia y algunos puestos principales donde existen puntos de recarga u otro medios para hacerlo”.

A estas incorporaciones también se unen las 157 motocicletas eléctricas destinadas al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), con una inversión de casi 2,2 millones de euros.

Por otro lado, en el próximo ejercicio presupuestario se prevé adquirir 1.800 nuevas unidades por importe de 70 millones, y se van a destinar 5,6 millones de euros para el renting de 1.300 vehículos para unidades de investigación.

Estas reposiciones del parque móvil están muy por encima de la media de gasto efectuada en los últimos 10 años.